- El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, defendió ayer la necesidad de delimitar los delitos de opinión -penalizando solo cuando se pone en “riesgo” a otras personas-, pero rechazó de plano la utilización del Código Penal para “frenar a la ultraderecha” u otra ideología. Así lo explicó Campo en el pleno del Congreso, en el marco de la interpelación que le dirigió el portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián.

Campo aludió así a la decisión adoptada el pasado martes por la Cámara de tramitar la reforma del Código Penal auspiciada por Unidas Podemos para despenalizar los delitos de opinión e injurias a la Corona e instituciones del Estado, los delitos contra los sentimientos religiosos y el enaltecimiento del terrorismo.

Según detalló, uno de los objetivos de esa reforma será “delimitar más claramente el alcance de los delitos de expresión para dejar claro que solo puede existir delito cuando, a partir de una manifestación de una idea u opinión, se genera un riesgo” para terceras personas. “Lo que los penalistas denominamos la puesta en peligro de un bien jurídico de especial protección”, explicó.

En opinión de Campo, “la mera expresión de opiniones, por odiosas o despreciables que sean no debiera ser delito”. Por eso, subrayó que el objetivo no es “censurar la opinión en si misma, sino los efectos que produce”, e hizo hincapié en que “ni la Ley de Partidos ni el Código Penal son las vías para frenar a la ultraderecha”.

- El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz acordó ayer la apertura de juicio oral contra el expresident Jordi Pujol y sus siete hijos por formar presuntamente una organización criminal que se habría enriquecido durante décadas con actividades corruptas valiéndose de su posición política, y reclamó también a los procesados que depositen 7,5 millones de euros para cubrir las eventuales responsabilidades civiles.

Pedraz lleva así al banquillo de los acusados a toda la familia, a excepción de la mujer del expresident, Marta Ferrusola -a la que exoneró por su estado de salud después de que la defensa presentara un informe médico en el que alegaba que sufría demencia severa-. El magistrado también procesa a otras once personas; entre ellas Mercé Gironés, la exmujer del primogénito de los Pujol, Jordi Pujol Ferrusola, y varios empresarios.

Les imputa presuntos delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, delito continuado de falsificación de documento mercantil, delito de frustración en la ejecución y hasta siete delitos contra la Hacienda Pública. Para garantizar las posibles responsabilidades civiles por estos últimos, pide a Jordi Pujol Ferrusola que deposite 7,5 millones de euros y a su exmujer, otros 400.000 euros, en el plazo de diez días, bajo apercibimiento de embargo de sus bienes si no lo hacen o se declaran insolventes.

No obstante, el juez ratifica la situación de libertad de todos los procesados al considerar que “no existe la necesidad de asegurar la presencia de los acusados en las sesiones del juicio oral” que se seguirán en la Audiencia Nacional.

Además, Pedraz da un mes, hasta el 16 de julio, a los acusados para que presenten un escrito de defensa ante las acusaciones formuladas.

De esta forma, el magistrado sigue el camino señalado por la Fiscalía Anticorrupción, que en su escrito de acusación se dirigió contra todos los Pujol, al estimar que actuaron conjuntamente, mientras que Abogacía del Estado apuntó solo al primogénito, su exmujer y otro hermano, Josep Pujol.