Elkarrekin Podemos-IU ha optado por buscar una posición de influencia en la política vasca y quiere dejar su impronta en las leyes autonómicas. Todo ello, dentro de los márgenes posibles ante un Gobierno Vasco con mayoría absoluta que no necesita más respaldos para aprobar sus proyectos y con el que, sin embargo, en la Ley Antipandemia ha podido modular hasta cincuenta artículos sancionadores eliminando la reincidencia como agravante, la principal bandera de la coalición de izquierdas en esa negociación. En cualquier caso, este acuerdo con PNV y PSE ha sido puntual y no existe un pacto de legislatura que comprometa más allá de esta norma. Tienen las manos libres. Esta realidad aboca a ambas partes a sondearse en el futuro ley a ley, y caso por caso. En este análisis coinciden tanto Elkarrekin Podemos-IU como el Gobierno de Urkullu, que tampoco echa las campanas al vuelo ni da por hecho que la coalición de izquierdas lo vaya a seguir acompañando en el futuro, a pesar de la evidente apuesta política de esta bancada por dejar su impronta.

Sí comienza a perfilarse un terreno de juego claro en torno a la Ley de Salud Pública. La tiene que publicar el Consejo de Gobierno en el segundo semestre de este año, y Miren Gorrotxategi la ha citado ya dos días consecutivos. Ha puesto de manifiesto que a su grupo le interesa dejar su sello en esta norma. El Ejecutivo también alberga mayores expectativas en esa ley o en la de Educación (prevista para el segundo semestre de 2023), dos grandes leyes transversales y que aluden a servicios públicos.

Fuentes del Gobierno Vasco consultadas por este diario apuestan por avanzar paso a paso sin dar por supuesto que Elkarrekin Podemos-IU se vaya a convertir en un socio relativamente estable. La Ley de Salud aún no se ha presentado y, sobre los Presupuestos del próximo año, lo único que se ha puesto sobre la mesa es el esbozo de las directrices. El consejero Azpiazu no tendrá un borrador hasta septiembre y, mientras no tenga los números concretos, no tiene sentido sondear a los partidos. El Ejecutivo no se deja llevar por el entusiasmo y los precedentes invitan a la prudencia. Ya se intentó un acuerdo presupuestario a comienzos de la legislatura, pero fue imposible continuar por la senda de acuerdos trazada por el anterior dirigente de Podemos, Lander Martínez. Nada está escrito.

Ayer mismo, el Parlamento Vasco rechazó la enmienda a la totalidad de EH Bildu contra la Ley de Juventud porque votaron en contra PNV, PSE, PP-C’s y Vox. Elkarrekin Podemos-IU se abstuvo, pero Iñigo Martínez matizó que “no significa un apoyo a este proyecto” y dijo que “no tiene suficiente ambición” ni reconoce la emancipación como derecho. La consejera Artolazabal ha presentado una ley que considera jóvenes a las personas entre 12 y 30 años y que quiere reducir la edad de emancipación a los 28. El pacto sobre la Ley Antipandemia tampoco está evitando el tono crítico de Podemos en la polémica del cártel de consultoras.

El Ejecutivo busca acuerdos pero no quiere especular con que Podemos tenga una apuesta estratégica por la influencia, o aspire a recuperar terreno tras los malos resultados del Sociómetro, donde EH Bildu sube un escaño y Elkarrekin Podemos-IU pierde dos. Aunque políticamente al Gobierno le convenga ensanchar los consensos para evitar las acusaciones de aplicar el rodillo, numéricamente no necesita más apoyos. En última instancia, tiene una mayoría absoluta que le permite manejar los tiempos, cumplir su calendario legislativo y evitar bloqueos o maniobras dilatorias de la oposición de las que fue presa el cronograma en el anterior mandato sin mayoría.

Gorrotxategi adelantó el miércoles su intención de abrir una vía de negociación sobre la Ley de Salud Pública para incorporar un plan integral de salud mental por el aumento de los suicidios y las consultas de psiquiatría desde el estallido de la pandemia, y ayer volvió a mencionar esta ley como ámbito propicio para analizar la composición y la toma de decisiones en el comité LABI. En ese terreno, ha vuelto a marcar distancias con EH Bildu y PP+C’s. Se desmarca de su apuesta por eliminar una de las dos ramas de este órgano, el LABI político. “Coincidimos en que el LABI técnico debe ser independiente y neutral”, comenzó a explicar Gorrotxategi en Radio Euskadi, para matizar después que pretender “eliminar la política de la decisión es imposible y absurdo” o, incluso, es una “tesis de la antipolítica”. “Los criterios científicos son los que tienen que servir” como guía, pero sin negar la evidencia de que las decisiones son “políticas”. No ocultó sus aspiraciones de conseguir un acuerdo. “Ojalá”, deseó. Sobre las Cuentas, lo dejó todo abierto y aclaró que su grupo no tiene “ni vértigo” a pactar, ni “promesas de amor eterno”. El criterio general será negociar contenidos caso a caso.

Coincidió en otros debates con el Gobierno Vasco: aunque Podemos forma parte del Ejecutivo español, dijo que “no debería ser” tan difícil transferir el Ingreso Mínimo Vital, y afeó que la ministra Darias intentase imponer medidas sanitarias.

EH Bildu. El Parlamento rechazó una moción de Bildu que pedía un foro que analizase lo ocurrido en la pandemia, y lo hilaba con el nuevo estatus político. Los grupos, con excepción de la abstención de Elkarrekin Podemos-IU, votaron en contra. Quedó aprobada la enmienda de PNV y PSE que valora la respuesta integral y la capacidad de reacción vasca. El jeltzale Egibar recordó que uno de los puntos del debate del estatus habla de delimitar competencias y “nos hubiera librado de las mil batallas que hemos tenido”.

“Ni tenemos vértigo al acuerdo, ni promesas de amor eterno con el Gobierno Vasco”

Portavoz de Elkarrekin Podemos-IU