- La nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, que pretende dar un vuelco al modelo de investigación penal atribuyendo la instrucción a los fiscales, se erige en la iniciativa estrella del Ministerio de Justicia que lidera Juan Carlos Campo. Sin embargo, este proyecto ha recabado un dictamen negativo de la Fiscalía General del Estado, que lleva a cabo una “valoración general desfavorable” del mismo entre otras razones por las “exorbitantes funciones” que mantendrán los denominados jueces de garantías.

Un informe firmado por la propia fiscala general, Dolores Delgado, apunta importantes fallos de la nueva ley, entre ellos que vea innecesario aumentar la plantilla de fiscales y olvide medidas para agilizar las causas. El borrador del informe, de 99 páginas, asegura que el anteproyecto no implementa un proceso penal que refuerce los principios de imparcialidad y defensa. Añade que tampoco tiende a armonizar el sistema procesal español con los países de su entorno cultural y geográfico, “pues estos objetivos no se alcanzan por el mero hecho de atribuir la dirección de la investigación criminal al Ministerio Fiscal”.

El informe definitivo de la Fiscalía del Estado, para cuya redacción se ha aprobado un calendario de trabajo, es preceptivo pero no vinculante para el Gobierno español, por lo que la Ley de Enjuiciamiento Criminal podrá seguir su tramitación. “En la actualidad el Ministerio Fiscal difícilmente se halla en disposición de asumir la dirección de la investigación criminal sin que previamente se acometa un notable incremento de su plantilla”, ya que “los fiscales se encuentran hoy al borde del colapso”, dice el informe remitido al Consejo Fiscal.

El borrador advierte de que en el anteproyecto hay omisiones relevantes como la nula previsión ofrecida a la problemática procesal asociada a los delitos contra turistas en tránsito o ante eventos extraordinarios, como una pandemia. Concluye por ello que el texto prelegislativo “no colma las aspiraciones” de la Fiscalía al objeto de conseguir una justicia penal ágil y eficaz que potencie el papel del Ministerio Fiscal.