- La mesa de diálogo entre el Estado y Catalunya sí ha sido uno de los pocos compromisos que Pedro Sánchez se prestó a cumplir de inmediato, consciente de que en ello le iba el éxito de su investidura en enero de 2020 y la posterior estabilidad en la legislatura, debido a la dependencia aritmética de ERC en el Congreso de los Diputados.

Sin embargo, y a pesar de que el Ejecutivo de coalición se dio prisa en entablar las conversaciones con la Generalitat, este órgano de diálogo no ha registrado apenas avances en el último año y medio y su actividad se ha visto completamente condicionada por las urgencias de la pandemia.

Para más inri, en medio de la polémica por la posición favorable a los indultos de Moncloa, el PSOE se unió el pasado jueves a la derecha en la Cámara Baja para limitar los temas a abordar en los próximos encuentros de la mesa de diálogo. Así, los socialistas votaron a favor de excluir la amnistía y el derecho a decidir de la negociación con Catalunya, a pesar de que acordaron con Esquerra que las conversaciones no tendrían vetado ningún asunto.

Por tanto, excluidas cuestiones como el referéndum o la amnistía, el órgano establecido para las conversaciones entre Catalunya y el Estado corre el riesgo de quedar descafeinado, una vez que todo apuntaba a que iba a retomar pronto su actividad tras la investidura de Pere Aragonès, firme defensor del diálogo bilateral.

Ahora, tras este movimiento de los socialistas, está por ver en qué queda la negociación y cómo reaccionan los independentistas. El enfado es patente en ERC, que acusa a Pedro Sánchez de permitir que “la extrema derecha condicione” la agenda política con su “planes extremistas”.

La nueva consellera de Presidencia del Govern, la republicana Laura Vilagrà, se pronunció al respecto en Catalunya Ràdio el pasado viernes y reclamó al Gobierno español que “no se deje llevar” por la presión de PP y Vox contra los indultos y el diálogo en el conflicto catalán.