- La intención deslizada de conceder los indultos a los presos del procés, pese a la posición desfavorable del Tribunal Supremo (TS), puede suponer un desgaste político que el Gobierno de Pedro Sánchez parece dispuesto a asumir en aras de la “concordia” y de la distensión del conflicto en Catalunya. El coste de esta medida de gracia ha llevado al grueso de los barones socialistas a desdeñar de esta vía ante el temor de que suponga una condena electoral para el partido, cercado además por la ofensiva judicial que tiene preparada la derecha. Una lectura que posiblemente fue la que condujo ayer al PSOE a recular y votar junto a PP, Vox y Ciudadanos limitar el diálogo con la Generalitat en puertas de retomar la mesa de negociación bilateral, y es que el Pleno del Congreso rechazó así que esta herramienta permita debatir sobre el referéndum de autodeterminación y la amnistía como “propuestas de solución”, una moción que sí respaldó Unidas Podemos, que de hecho la había pactado con la CUP.

El texto original de los anticapitalistas planteaba que la Cámara baja instase al Ejecutivo español a presentar en la mesa con el Govern, al mando ya de Pere Aragonès, “una propuesta de referéndum, aprovechando el calendario y los trabajos que ya ha iniciado el Gobierno de Escocia”. La formación morada enmendó sin embargo la redacción del escrito para rebajar ese mandato tan taxativo y proponer simplemente que desde las Cortes se abriera la posibilidad de debatir sobre la consulta de autodeterminación y la amnistía. Que la moción no saliera adelante plasma nuevamente las discrepancias en esta materia entre los socios de coalición en Moncloa.

La CUP intentó asimismo utilizar su moción para que el Pleno se pronunciara a favor de la admisión a trámite de la Ley de Amnistía registrada por los independentistas catalanes, cuyo debate bloqueó la Mesa de la Cámara por inconstitucional, con los votos de PSOE, PP y Vox. Sin embargo, esta parte del texto fue eliminada por la mayoría del órgano de gobierno de la Cámara siguiendo el criterio de los letrados, que desaconsejaron esa votación alegando que “las mociones no son un instrumento idóneo para pronunciarse” sobre cuestiones propias de la Mesa del Congreso. Finalmente, la iniciativa de la CUP y Unidas Podemos quedó tumbada con 273 votos en contra -que incluyen a UPN, Foro Asturias, CC, PRC, Teruel Existe y un exdiputado naranja- frente a los 71 a favor -donde se sumaron Esquerra, Junts, PDeCAT, PNV, EH Bildu, BNG y Más País-Equo-. Pedro Quevedo, de Nueva Canarias, se abstuvo.

El freno echado por el PSOE contradice el acuerdo que suscribió en enero de 2020 con ERC, y por el que se aseguraba sus votos en la investidura, un mes antes del único cónclave celebrado hasta la fecha cuando aún lideraba Quim Torra la Generalitat. Aquel pacto estableció en un documento de dos folios la creación de una “mesa bilateral de diálogo, negociación y acuerdo” para resolver “el conflicto político” en Catalunya, y donde el Gobierno de Sánchez se comprometía a mantener un “diálogo abierto sobre todas las propuestas presentadas” por los independentistas, que aportarían sus ideas “con libertad de contenidos” y “sin más límites que el respeto a los principios que rigen el ordenamiento jurídico democrático”. O lo que es lo mismo, permitía poner sobre la mesa la amnistía y la autodeterminación, y someter “en su caso” a una “consulta a la ciudadanía de Catalunya” los acuerdos a los que lleguen en esa negociación en base a “los mecanismos previstos o que puedan preverse [cambiando la ley] en el marco del sistema jurídico-político”.

Aragonès advirtió ayer de que el Govern “no renunciará a sus objetivos políticos” de lograr un referéndum y la amnistía, e insistió en que éstas serán las dos propuestas que llevará a la mesa. El president recordó que el pacto que los republicanos suscribieron con el PSOE se fundamenta en el reconocimiento de que hay un conflicto que debe tener una solución política, cobertura jurídica y que debe refrendar la sociedad catalana. “Veremos cuál es la propuesta del Estado, si es que hay alguna propuesta”, matizó. Así se pronunció tras la reunión que mantuvo con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que compartió que “es tiempo de desjudicialización, que se acaben las prisiones y que los jueces dejen de marcar la política”. Desde la CUP, impulsor de la frustrada moción, su líder Dolors Sabater redobló la presión avisando de que la celebración de otro referéndum, como exige su formación, no es un punto que se pueda discutir. “Se debe hacer, sea pactado o no, en los próximos cuatro años. El resultado, sin embargo, se debe sostener después buscando la implicación de la comunidad internacional para que no pase como el 1-O y hay que tener preparado el funcionamiento de la república con las estructuras de estado terminadas”, verbalizó, mostrando su pesimismo con la mesa. Rechazada la moción, los partidos independentistas seguirán adelante con una iniciativa legislativa popular que pida la amnistía, recabando firmas para llegar a las 500.000 exigidas para que pueda volver a entrar en la Cámara.

El cerco a Sánchez desde la derecha no invita tampoco al optimismo. No solo con los indultos. El PP entiende que “una cosa es el diálogo” con un Ejecutivo autonómico y “otra el marco de una mesa para abordar cuestiones que nada tienen que ver con los problemas de los catalanes”, afirmó la portavoz popular Cuca Gamarra. Desde Génova creen que la mesa solo tiene como objetivo el “cumplimiento por parte de Sánchez” de sus “compromisos adquiridos para seguir en Moncloa”, tanto la “independencia como la amnistía o el indulto”.

“El Govern no renunciará a sus objetivos; veremos cuál es la propuesta del Estado, si es que la hay”

President de la Generalitat