- La gestión de las prisiones vascas, que el Gobierno de Iñigo Urkullu asumirá a partir del 1 de octubre, va calando poco a poco en Euskadi. Ayer se puso el foco en los trabajadores de los centros penitenciarios, que junto a los propios internos “son agentes activos y una parte muy importante en el proyecto que pretendemos desarrollar”, aseguró la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, durante una visita a la cárcel de Zaballa junto al equipo que cogerá las riendas de esta competencia dentro de apenas cuatro meses.
En dicho marco, Artolazabal depositó un ramo de flores junto a la placa en recuerdo de Máximo Casado, funcionario de la cárcel de Nanclares que fue asesinado por ETA el 22 de octubre de 2000. Un homenaje que hizo extensivo a “todo el colectivo de funcionarios de prisiones y personal laboral, quienes tuvieron que sufrir la sinrazón de la barbarie terrorista de ETA”. La consejera anunció a su vez la puesta en marcha de un estudio para “reconocer y no olvidar el sufrimiento” y la “presión que tuvieron que soportar” estos trabajadores. El informe será realizado por el Instituto Arrupe de la Universidad de Deusto y se espera que pueda estar listo en 2022.
Artolazabal defendió que, al igual que sucedió con otras transferencias en el pasado, “la cercanía mejorará la gestión y las propias condiciones del colectivo laboral” una vez culmine el traspaso de prisiones. Admitió las “preocupaciones” que les han trasladado los representantes sindicales del colectivo de trabajadores, que se situarán bajo el paraguas de la administración vasca, y les lanzó un mensaje de “tranquilidad”. Subrayó además que “hace falta un tiempo prudencial para adaptarnos”.
La viceconsejera de Justicia, Ana Agirre, también presente en la visita junto a sus tres directores, anunció la incorporación al departamento de seis funcionarios con un acentuado perfil técnico, que dependerán a su vez de las tres direcciones de Justicia y sobre los que recaerá la gestión del modelo penitenciario en Euskadi. El trasvase de personal de una administración a otra, las infraestructuras y recursos generales, junto con la acción social y el régimen interno de los centros, vertebrarán sus funciones.
Según ha podido saber este diario, se trata de Pablo Martínez, que será responsable de gestión penitenciaria; Chema Bustos, responsable de análisis e inspección de servicios penitenciarios; Gemma Jauregi, encargada de recursos económicos de Instituciones Penitenciarias; Arantza Collado, al frente de las estructuras organizativas y relaciones laborales; e Itziar Etxebarria, al cargo de la orientación laboral y formación para el empleo.
En esta relación, falta por incorporarse otro técnico para infraestructuras, inmuebles, equipamiento, mantenimiento, obras... También el nombramiento de la dirección de la agencia de reinserción sociolaboral Aukerak. Tal y como explicó ayer Artolazabal, se trata de “un nuevo órgano de reinserción sociolaboral, flexible y versátil, para facilitar segundas oportunidades”, destinado a la reinserción de los reclusos.
Margen de mejora. El director de la cárcel de Zaballa, Benito Aguirre, respaldó ayer el modelo penitenciario que, a través de los principios de la resocialización de los reclusos, la justicia restaurativa y el respeto a las víctimas, pretende desarrollar el Gobierno vasco tras asumir la competencia de la gestión de las prisiones ubicadas en Euskadi. Durante la visita cursada al penal, dijo que “claro que me gusta, de hecho los que trabajamos en este negociado llevamos unos cuantos años precisamente en esa línea”. A su juicio, esta transferencia es una “oportunidad” para aprovechar el “margen de mejora” que existe en este ámbito. “Diría que tenemos un margen de mejora infinito”, concluyó.
“Los trabajadores y los internos son agentes activos en el proyecto para nuestras cárceles”
Consejera de Igualdad y Justicia
“El objetivo final es la reinserción de las personas presas pero este es un largo camino”
Viceconsejera de Justicia
