- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendió ayer en el Congreso que la transferencia al Gobierno Vasco de las competencias sobre las prisiones no es una deuda política, sino una “obligación” por cumplir lo que dicta la Constitución y el Estatuto.

Así respondió Marlaska en la sesión de control al Ejecutivo al diputado de Vox Ignacio Gil Lázaro, quien recriminó al Gobierno que haya dejado “en manos exclusivas de Urkullu y Otegi la suerte de los presos vascos a cambio de que el presidente Pedro Sánchez siga contando con el apoyo de Bildu”.

Tras lamentar que “lo peor está por llegar”, el diputado ultra aseguró que el Ejecutivo vasco permitirá que los etarras acaben de cumplir condena en libertad, lo que, a su juicio, supone una “traición a los muertos” y demuestra la “infinita miseria moral del Gobierno de Sánchez”.

Marlaska, por su parte, recordó a Gil Lázaro que fue precisamente él, cuando militaba en las filas del PP, quien defendió en el Congreso las transferencias de la gestión del Tráfico a la Generalitat para cumplir los acuerdos de investidura con CiU y los acercamientos de etarras “mientras ETA asesinaba”.

“Esto se llama deuda y tiene usted experiencia”, acusó Marlaska, antes de defender que la transferencia está legislada tanto en los artículos 148 y 149 de la Constitución -contemplan las competencias que pueden asumir las comunidades autónomas- como en el precepto 10.14 del Estatuto. “Aquello que está legalizado e institucionalizado es una obligación, no una deuda”, zanjó el ministro.

La AN anula una causa. La Audiencia Nacional ha decidido anular uno de los cuatro procesamientos por los que pidió a Francia la entrega de José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera.

Lo ha hecho al constatar que Urrutikoetxea no pertenecía a ETA político militar cuando se produjeron los hechos por los que le procesó en 2005: el asesinato en 1980 del directivo de Michelin Luis María Hergueta.