El decreto del fin del estado de alarma ha salido adelante en el Congreso de los Diputados, y lo ha hecho con algunas sorpresas y cambios de voto de última hora. EH Bildu ha terminado votando a favor aunque había pedido un paraguas jurídico al presidente español para poder mantener las restricciones de movilidad contra el virus. No ha llegado a intervenir en el debate para argumentar su posición, aunque fuentes del grupo explican su voto en la necesidad de apoyar las medidas sociales que también incluye el decreto. Esta misma idea presionó a otros grupos como ERC.

Finalmente, los votos favorables han sido superiores a lo esperado por esta maniobra de Sánchez, acostumbrado a estos decretos que mezclan toda clase de conceptos. Ha habido 189 síes, frente a los 100 en contra liderados por PP y C's, y las 60 abstenciones del PNV y de Vox, que ha dado igualmente la sorpresa por no votar en contra.

Esta fotografía no maquilla el malestar generalizado entre la oposición y entre los socios del presidente Sánchez. El PNV ha mantenido hasta el final su abstención, un reflejo de su descontento por el proceder unilateral del PSOE a la hora de dejar caer el estado de alarma el 9 de mayo y de ofrecer como única solución a las comunidades para seguir limitando la movilidad el recurso en casación al Tribunal Supremo, la vía que recoge este decreto y no convence a nadie. El Congreso ha apoyado casi por unanimidad, solo con cuatro abstenciones y ningún voto en contra, que se tramite como proyecto de ley.

RIESGO DE REBROTES

La vía del Supremo se activó sin pactarla con los jeltzales e ignorando la disconformidad de un grupo que apoyó su investidura, y la preocupación del propio lehendakari. El debate del decreto en el Congreso, un decreto que ha tenido el apoyo del PSOE, Unidas Podemos y otras fuerzas, se ha saldado con críticas de "irresponsabilidad" y "unilateralidad" a Sánchez por desentenderse del coronavirus.

También el PDeCAT, pese a votar a favor, ha dejado ver que lo hacía por las medidas sociales. EH Bildu no ha tpomado la palabra en este debate y sí en otros que acogió la larga sesión en el Congreso, un dato llamativo que ha servido al PNV para criticar su "silencio cínico" cuando en Euskadi "utiliza de manera constante la pandemia" para buscar el desgaste de Urkullu. Además, EH Bildu ha terminado votando a favor junto a ERC, Junts, CUP y BNG porque, según explicaron fuentes del grupo a DEIA, querían respaldar la prórroga de las medidas sociales. El PNV lo ha visto como una espantada ahora que EH Bildu trata de mostrar un perfil conciliador con Sánchez, frente a su dureza en Euskadi.

No hay entusiasmo con la vía del Supremo. Así lo demuestra que no haya recibido una avalancha de recursos y que solo le llegaran los cierres quirúrgicos en las islas de Canarias más afectadas, y las medidas en sendos municipios de Andalucía y Castilla-La Mancha. Ha sido muy dura Coalición Canaria, con Ana Oramas preguntando a Sánchez qué haría en caso de que el Supremo fallara en contra de sus intereses. Al presidente español se le ha reprochado que ponga fin a la alarma por razones políticas, sin dialogar, y dando pie a que ahora comiencen a subir los contagios, como ha mencionado el PNV sobre el caso vasco. Se pide un cambio a Moncloa.

CAMBIO DE ACTITUD

Josune Gorospe ha exigido que "reoriente" su actuación y le tiende la mano, pero avisa de que tendrá que tratar de otra manera a sus socios. Le ha reprochado que asuma "el riesgo de rebrotes". Los populares votaron en contra defendiendo su plan jurídico alternativo, su reforma legal para habilitar a las comunidades autónomas, un plan que en su momento pudo tener opciones, pero que ahora ya llegaría demasiado tarde. Han criticado que se "abuse del decreto" y no se dialogue.

El desenlace de hoy podría haber sido más desfavorable para el Gobierno español de no ser porque este decreto 8/2021 incluye también la prórroga de medidas sociales como evitar el corte en el suministro de gas y agua para los colectivos vulnerables, medidas antidesahucios y para que los jubilados sigan trabajando como sanitarios sin perjudicar su pensión.

JUSTIFICAR LA ALARMA

La vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, a la defensiva, volvió a justificar la caída del estado de alarma con tres argumentos: las perspectivas sanitarias son más optimistas por el avance de la vacunación; las comunidades pueden restringir los movimientos de los ciudadanos con el marco legal de 1986 y sometiéndose al control judicial o al Supremo; y su Gobierno tiene la convicción "democrática" de que la alarma "no puede ni debe prolongarse de forma indefinida".

Ana Oramas ha pronunciado uno de los discursos más duros con la actitud de Sánchez, asegurando que "no se entiende que por razones políticas" y no sanitarias deje caer el estado de alarma, y que opte por dejar a las comunidades "sin defensas". "Eso es mala política. Es política de la peor. Se han quitado la responsabilidad de encima. Su gobierno no ha dado la talla. Ha tirado la toalla en el momento mas difícil. Dios quiera que esa decisión no tenga un coste terrible para este país", ha lanzado, para criticar la actitud "totalmente irresponsable" del Ejecutivo.

La jeltzale Josune Gorospe ha criticado que el Gobierno español pretenda "pasar la pantalla del estado de alarma, de un pasado pandémico, y llegar pronto a una nueva pantalla de un futuro inmune, pero en medio hay otra pantalla muy arriesgada". "Han asumido el riesgo de que haya rebrotes. Lo único que denota es imprudencia", ha afeado. Recuerda la "esperpéntica noche" de botellones el día en que cayó el estado de alarma, y avisa de que, por ejemplo en la comunidad autónoma vasca, "donde están haciéndose más tests que en el Estado, ya se ve que hay más personas infectadas".

En lo político, censura la decisión "unilateral" y ha lanzado un aviso. "No nos han llamado para nada. Yo soy representante del PNV en esta Cámara, nuestro grupo votó a favor de la investidura, ha apoyado múltiples propuestas del Gobierno para dar estabilidad institucional", ha dicho, para rechazar que vengan "a pedir apoyo para sacar esto adelante". Cree que la vía del Supremo solo supone someter las decisiones al poder judicial, "estableciendo así un marco de desconfianza", cuando lo que tendrían que haber hecho es crear un marco que permitiera tomar decisiones a las comunidades.

"Les pedimos que reorienten su actuación porque probablemente habrá muchas más pantallas; nos ofrecemos a colaborar, pero tienen que poner de su parte para acordar", ha aclarado.

LOS MARRONES Y LAS FLORES

Desde C's, Edmundo Bal coincide en criticar la falta de diálogo y responsabilidad, y resume la cogobernanza: "Para ti los marrones, para mí las flores". Genís Boadella, del PDeCAT, votó a favor con críticas por haber colado la vía del Supremo "en medio de medidas sociales necesarias". El socialista Rafael Simancas ha asegurado que "solo desde la ignorancia o la voluntad de hacer daño se puede decir que no a este decreto", y que el plan B de Pablo Casado es el plan I: injusto, inconstitucional e incoherente, porque Andalucía ha acudido al Supremo.