- La presidenta del Tribunal de Cuentas, María José de la Fuente, llevó ayer al Congreso el examen de la contabilidad de los partidos en la campaña de la repetición de las generales de noviembre de 2019, que destapó casi un millón de euros de gastos que no tenían la consideración de electoral o que directamente no debieron de haberse hecho. A este respecto, De la Fuente reclamó a las formaciones en su intervención que regulen sus microcréditos y sean ejemplares en sus gastos.

Según el informe, en 2019 se detectaron anomalías en la justificación de gastos electorales por parte de varias formaciones. Asimismo, el Tribunal de Cuentas propuso recortar en 72.600 euros las subvenciones a Vox por irregularidades en sus partidas y señaló la financiación mediante microcréditos de Podemos, que excedían el máximo permitido.

Para esa campaña de noviembre de 2019, las formaciones políticas declararon recursos por un total de 48,99 millones de euros, de los que 21,52 millones procedieron de créditos bancarios, 13,56 millones de adelantos de subvenciones públicas, otros 13,86 millones de aportaciones de los partidos y sólo 38.300,50 euros procedían de aportaciones privadas.

Eso sí, el Tribunal de Cuentas sólo considera como gastos electorales justificados un total de 48,93 millones de euros, de los que 23,62 millones corresponden a operaciones electorales ordinarias y los otros 25,31 millones al envío de propaganda electoral.

Por contra, se detectaron gastos por importe de 531.911,84 euros que no tienen naturaleza electoral, así como 381.706,40 euros que se consideran no permitidos por la ley electoral, otros 5.782,23 euros realizados fuera del plazo legal establecido y 11.645,54 euros con justificación insuficiente.

Todo estos gastos, que suman 931.046 euros, no fueron admitidos por el Tribunal como susceptibles de ser financiados con subvenciones electorales, aunque los gastos con justificación insuficiente o no justificados y los gastos no permitidos sí fueron tenidos en cuenta a efectos de computar el cumplimiento del límite máximo de gastos de campaña. Asimismo, se identificaron gastos electorales de cuyo pago no se tiene constancia en una formación política, por 4.946,19 euros.

Así las cosas, la presidenta del Tribunal insistió ayer en la necesidad de afinar la definición de los gastos electorales pues considera que el artículo que los regula es “insuficiente”. En todo caso, animó a aprovechar la doctrina de la institución a la hora de considerar electorales unos gastos y no otros.

A tal fin, el Tribunal ya tiene programada para este año la aprobación de una “moción relativa a la financiación, la actividad económico-financiera y el control de las formaciones políticas y de las fundaciones y demás entidades vinculadas o dependientes de ellas”, y De la Fuente ya ha adelantado que verá la luz en junio.

Y en esa moción se hablará también de los microcréditos, pues la institución viene pidiendo, por lo menos, fijar una cuantía máxima por prestamista que no exceda del límite máximo previsto en la normativa electoral para las aportaciones privadas.