- El lehendakari no ha cambiado de opinión. Sigue pensando que el estado de alarma debe continuar más allá del 9 de mayo para que ofrezca un paraguas jurídico a las comunidades autónomas y puedan mantener el toque de queda, los cierres perimetrales y la limitación del número de personas en las reuniones, unas medidas que cree determinantes en la lucha contra el coronavirus y que quedarían al albur de los jueces. No obstante, el Gobierno español se sigue negando, y el lehendakari quiso ayer tomar la iniciativa en lugar de especular hasta el último minuto con un cambio de opinión de Pedro Sánchez. Iñigo Urkullu trasladó que el Ejecutivo vasco hará lo que esté en su mano, y aprobará un decreto el viernes a más tardar. De esa forma, tendría lista una herramienta jurídica para aplicarla en cuanto cayera el estado de alarma, el domingo, si se confirmara que es la decisión de Sánchez. El decreto tendría la vocación de cubrir ese vacío e intentar que se sigan aplicando medidas entre cuatro y seis semanas más. No es el escenario ideal para Urkullu, pero transmite que habrá una respuesta jurídica y no se pasará del todo a la nada. No concretó las medidas y las someterá a la consideración del LABI esta misma semana, que podría modularlas en función de la evolución del virus. También hay un debate jurídico sobre las que pueden mantenerse sin la alarma.
Los días que quedan hasta el domingo servirán para confirmar si Sánchez está realizando movimientos bajo la superficie para activar una herramienta que permita a las comunidades, sobre todo, salvar el toque de queda nocturno. Dejaría de aplicarse, por el contrario, el cierre perimetral entre las comunidades, un desenlace en sintonía con las intenciones de Sánchez de promover el turismo. Ayer mismo, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, anunció que su gobierno trabaja "intensamente" para recuperar la movilidad en verano, de la mano de Europa y las comunidades autónomas, y apoyándose en la vacunación y el certificado verde digital.
De manera significativa, varias comunidades socialistas señalan que su intención es que deje de aplicarse el cierre perimetral y mantener, por el contrario, el toque de queda (lo han dicho la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, que hasta hace poco defendía la alarma; y Nafarroa podría ir por los mismos derroteros). Este movimiento deja una duda sobre la mesa: despejar si estas comunidades cuentan con que Sánchez active una percha para el toque de queda y por eso lo dan por descontado, o si, por el contrario, Sánchez va a dejarlo al albur de los tribunales. La respuesta podría llegar a partir de las elecciones de hoy en la Comunidad de Madrid. Jueces como el presidente del Tribunal Superior vasco, Iñaki Subijana, han pedido concreción legal.
Perder el cierre perimetral supondría para Urkullu contar con una medida menos, pero abrir la movilidad sería más preocupante para otras comunidades que para la vasca, donde los contagios ya están en niveles elevados. Por ejemplo, en Cantabria, el presidente Revilla da por hecho que caerá el cierre de fronteras, pero su comunidad es la que se expone a un retroceso en el control de los contagios si los vascos pueden acudir masivamente a sus segundas residencias.
En una intervención durante la inauguración de una plataforma de distribución de Eroski en Gasteiz, el lehendakari anunció que "a lo largo de esta semana" va a aprobar un decreto que entrará en vigor en cuanto caiga el estado de alarma, con la intención de mantener las restricciones "cuatro, cinco o seis semanas". Someterá las medidas al criterio del comité LABI en una reunión que debe concretarse esta semana. Urkullu dejó abierta la posibilidad de que haya que modular actuaciones por la situación sanitaria. Pero también hay un debate jurídico. El Gobierno Vasco quiere salvar lo que se pierda con el estado de alarma, pero está trabajando con los servicios jurídicos y se incluirán las medidas que sean posibles en función del marco competencial y de lo que permitan las leyes actuales en vigor. Urkullu actúa ahora en función de sus competencias como autoridad delegada para gestionar desde Euskadi este estado de alarma hasta que termine. Además, es el máximo responsable en virtud de la declaración de emergencia sanitaria vasca, que se va a mantener. Dependerá de los servicios jurídicos la posibilidad de que haya o no una consulta previa al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco sobre el decreto. Por otro lado, la vigencia de seis semanas parece apuntar a que a finales de junio esperan contar con el refuerzo adicional de la Ley Antipandemia vasca.
Urkullu toma la iniciativa al igual que otras comunidades, que son un hervidero y han mantenido contactos con sus tribunales superiores (como Andalucía y Catalunya), y piden una percha a Sánchez (un paraguas constitucional, como dijo Castilla-La Mancha). En realidad, Urkullu había adelantado estas intenciones hace unas semanas en el Parlamento y ayer se limitó a confirmarlas, pero PP+C's había comenzado a estrechar el marcaje proyectando una falta de pulso y pidiendo que compareciera hoy tras el Consejo de Gobierno, o el jueves en el Parlamento. La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, deslizaba en Euskadi Irratia que la intención es mantener las limitaciones, y que la cuestión va más allá de los cierres perimetrales y afecta a las reuniones y las horas para permanecer en la calle.
El estado de alarma es vital para dar paraguas a los cierres entre comunidades y al toque de queda (vigente desde las 23.00 a las 6.00 horas, con margen para modularlo una hora antes o después y situado a las 22.00 en la CAV). En el caso vasco, también es necesario para los límites en las reuniones, porque el Tribunal Superior vetó en otoño la intención de restringirlas a seis personas. Algunas voces apuntan a que hay mayor margen para cerrar municipios.
El estado de alarma caerá a las 00.00 horas del día 9, es decir, en la medianoche del sábado al domingo, una cuestión que dio pábulo a interpretaciones distintas. Aunque Urkullu anunció que el decreto entraría en vigor el lunes, lo pondrá en marcha en cuanto caiga la alarma, el domingo si se confirma que es así. Siguió argumentando que la pandemia es "global y la situación es preocupante a nivel mundial, y a nivel local". Confirmó que su gobierno trabaja en lo que está "en su mano", a expensas de lo que pueda decidir Sánchez. Dijo que a su gobierno le corresponde "trabajar para identificar las medidas para preservar la salud", trabajar en un decreto y buscar su efectividad "en un plazo de las cuatro, cinco o seis semanas próximas". Contemplará las medidas que "como comunidad nos puedan corresponder", aunque habrá que ver si la situación del virus "merece alguna adecuación". Sobre la reforma del PP en el Congreso, no ve tiempo.
Elkarrekin Podemos-IU, que se había acercado a Urkullu con la Ley Antipandemia, criticó en un comunicado que decida "caminar solo" con el decreto, que se hayan enterado por los medios y que exista "opacidad". Coinciden en que levantar la alarma es aventurado, pero pidieron en Radio Popular retocar la Ley Antipandemia para aclarar qué medidas necesitan la percha de la alarma y cuáles no.
"Trabajamos en lo que está en nuestra mano, a expensas de lo que pueda decidir el Estado"
Lehendakari
"Urkullu tiene que comparecer para explicar qué va a pasar con el toque de queda"
Parlamentario de PP+C's
"La Ley Antipandemia debe separar las medidas estando la alarma y no estando"
Portavoz de Elkarrekin Podemos-IU
