- Las comunidades autónomas comienzan a pensar en planes alternativos ante el hipotético escenario de que Pedro Sánchez no prorrogue el estado de alarma ni active una legislación que permita mantener medidas como el toque de queda nocturno. Pero, por el momento, la mayoría está lanzando una moneda al aire y cruzando los dedos anunciando su intención de mantener ese toque de queda o la limitación de las reuniones a expensas de los jueces, con reformas legales, o bien con una petición expresa a Sánchez. Reina la incertidumbre. El Gobierno Vasco no ha querido generar expectativas más allá de anunciar que prepara un decreto y la actualización del plan Bizi Berri, pero no concreta qué medidas pondría en marcha y cuáles decaerían a la espera del resultado del trabajo de sus juristas y, sobre todo, a expensas de que Sánchez aclare lo que va a hacer. Se trata de no poner la venda antes de la herida.

El portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, dijo ayer en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Ejecutivo que el encuentro de la semana pasada del comité técnico del LABI tenía como finalidad conocer la situación sanitaria, saber también cómo podía afectar al escenario el proceso de vacunación y, en tercer lugar, los detalles jurídicos y la actualización posible del plan Bizi Berri. Zupiria aclaró, no obstante, que se sigue trabajando y que “no hay claridad” por parte de Sánchez sobre el estado de alarma. El lehendakari tomará su decisión a medida que se despeje el escenario.

Fuentes de Lehendakaritza consultadas desconocen si Pedro Sánchez va a arbitrar algún plan. Esperan que lo haga, pero es pura suposición y más un deseo que una certeza. Cuando sepan a “ciencia cierta” qué decisión tomará Sánchez, efectuarán una comunicación en consecuencia.

El lehendakari solicitó por carta la semana pasada al presidente español que prorrogue el estado de alarma porque el comité de expertos del LABI puso de manifiesto la importancia de mantener medidas como el toque de queda nocturno, el cierre perimetral y las restricciones para el número de personas en las reuniones sociales. El comité de expertos pidió hacer las gestiones oportunas ante el Gobierno español.