- Si algo une a las víctimas vascas enterradas en el Valle de los Caídos y a los familiares de los hermanos Lapeña, objeto de la sentencia pionera que abrió la vía para las exhumaciones, es la consideración de que ese monumento franquista es un insulto para la memoria de sus allegados. Cientos de familiares en todo el Estado esperan, cinco años después de la sentencia de 2016, que se inicien los trabajos y que la apertura de las criptas y el cotejo de las pruebas de ADN confirme que, efectivamente, sus familiares están enterrados en esos emplazamientos. Durante todos estos años han tenido que lidiar con un trabajo titánico que ha puesto a prueba su paciencia, en la medida en que las criptas se encuentran en un estado crítico y se argumentaba desde Patrimonio Nacional el riesgo de derrumbe o de que los restos humanos se desmoronasen y se mezclasen unos con otros.
Uno de los retos que se marca Patrimonio Nacional es sacar a las víctimas preservando la dignidad de las que se queden, realizando un trabajo de alta precisión para evitar roturas o una mezcolanza de los allí enterrados, que tienen diversos orígenes de fosas comunes y distintos puntos del Estado.
