El Ararteko avala la labor de las instituciones vascas ante el covid

Constata el marco legal “insuficiente” y “deficiente” que ha dificultado la toma de decisiones

30.03.2021 | 23:44
El Ararteko, Manu Lezertua, entregó ayer a la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, el informe anual de su oficina. Foto: Efe

bilbao – El Ararteko, Manu Lezertua, hizo ayer público el informe de actuaciones de su oficina a lo largo de 2020, uno de los años más complicados para esta institución debido a la irrupción de la pandemia del covid-19, cuyas consecuencias han estado muy presentes en las quejas de los ciudadanos vascos en los últimos 12 meses.

Esta complejidad que ha generado la emergencia sanitaria se ha agudizado además por la falta de legislación relativa a una pandemia, carencia que constata el Ararteko en su informe anual, donde califica de "deficiente" e "insuficiente" el marco jurídico actual, que ha dificultado la toma de decisiones y restricciones para frenar el coronavirus. En cualquier caso, el memorándum de la oficina de Lezertua reconoce que las instituciones vascas han estado a la altura en su respuesta frente a las adversidades que ha acarreado el covid-19 y que se han "multiplicado" para atender a la ciudadanía.

De esta forma, la pandemia cambió a lo largo del pasado año la temática de las quejas ciudadanas al defensor del pueblo vasco, ya que muchas fueron relativas a las restricciones sanitarias, a las actuaciones policiales encaminadas a velar por el cumplimiento de las medidas para frenar el virus y a las dificultades de personas sin recursos para tramitar ayudas sociales y económicas a través de Internet.

Ayer, el Ararteko entregó a la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, este informe de actuaciones de la institución en 2020, un año que, en palabras de Manu Lezertua, ha sido de "extraordinarias dificultades" para la ciudadanía y para las administraciones de la CAV que, a pesar de las situaciones adversas, no se han "escondido" durante la pandemia, sino que han "multiplicado sus acciones". Así se expresó Lezertua en una comparecencia que inició con un recuerdo para Xabier Markiegi, fallecido el pasado lunes, que fue defensor del pueblo en Euskadi entre los años 1995 y 2000.

En la presentación del informe anual, el Ararteko incidió en el papel institucional ante la pandemia y explicó que, aunque las administraciones han podido cometer errores y retrasado o precipitado decisiones, es algo comprensible en un escenario incierto y cambiante como el acontecido en los últimos meses. "No tengo la impresión de que ningún problema se haya quedado bajo la alfombra sin resolver", defendió Manu Lezertua.

Asimismo, el defensor del pueblo vasco constató la falta de legislación en la materia, lo que ha dificultado la actuación de las administraciones a la hora de tomar decisiones para frenar la pandemia o de desplegar restricciones de horarios, movilidad o cierres de sectores. En este sentido, Manu Lezertua lamentó que el marco jurídico para imponer medidas era "deficiente", "insuficiente" y no estaba "preparado" para una emergencia sanitaria de estas características. Este posicionamiento de la oficina evidencia la necesidad de reforzar la legislación relacionada con la emergencia sanitaria, objetivo que persiguen PNV y PSE en el Parlamento Vasco con el proyecto de ley antipandemia registrado la pasada semana en la Cámara y que permitiría a Euskadi contar con una normativa propia para hacer frente a las dificultades que acarrea el covid-19.

6.437 quejas en 2020 La oficina del Ararteko recibió a lo largo del pasado año un total de 6.437 reclamaciones, una cifra algo menor que las 7.781 de 2019, lo que la institución achaca a que el covid obligó a cerrar sus oficinas. El área de Seguridad del Gobierno Vasco fue objeto del 6,85% de las quejas y una parte "significativa" estuvo relacionada con los estados de alarma y la "severa limitación de derechos fundamentales", según consta en el informe.

Otros de los ámbitos donde las reclamaciones se han incrementado ha sido el de los servicios sociales, también por influencia del covid-19. En este sentido, crecieron las quejas de ciudadanos en situación de exclusión social que denunciaron las dificultades para tramitar ayudas por el cierre de la atención presencial en las instituciones, el colapso de los teléfonos de atención al público, y el difícil acceso de solicitar prestaciones a través de Internet.

Así, hubo 497 reclamaciones relacionadas con los dispositivos de lucha contra la exclusión, de los cuales 434 (el 88%) fueron por problemas con la gestión de Lanbide sobre la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y de la prestación complementaria de vivienda.

La oficina del defensor del pueblo resolvió en total 2.061 expedientes de queja y dictó 1.432 resoluciones, según las cuales la administración afectada tuvo una actuación incorrecta en el 43% de los casos, un porcentaje inferior al de 2019 (49%). Además, en el 82% de los casos la administración correspondiente ha corregido la actuación que originó la reclamación. El Gobierno Vasco concentró casi el 54% de las quejas; los ayuntamientos, más del 35%; y las diputaciones cerca del 10%.

los números

6.437

La oficina del Ararteko recibió a lo largo del pasado año un total de 6.437 reclamaciones, una cifra algo menor que las 7.781 quejas de 2019, lo que la institución achaca a que el covid-19 obligó a cerrar sus oficinas.

497

Hubo 497 reclamaciones relacionadas con los dispositivos de lucha contra la exclusión, de los cuales 434 (el 88%) fueron por problemas con la gestión de Lanbide sobre la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y de la prestación complementaria de vivienda.

2.061

A lo largo de 2020, la oficina del defensor del pueblo resolvió en total 2.061 expedientes de queja y dictó 1.432 resoluciones, según las cuales la administración afectada tuvo una actuación incorrecta en el 43% de los casos, un porcentaje inferior al de 2019 (49%).

82%

Además, en el 82% de los casos la administración correspondiente ha corregido la actuación que originó la reclamación. El Gobierno Vasco concentró casi el 54% de las quejas; los ayuntamientos, más del 35%; y las diputaciones cerca del 10%.

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