El Gobierno Vasco apela al “deber moral” con las víctimas policiales

En el acto por Javier Batarrita, abatido en un control en 1961, requirió de forma directa al Estado

27.03.2021 | 00:50
El Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Bilbao homenajearon a Javier Batarrita en un acto celebrado en el instituto Gogora. Foto: Irekia

bilbao – El viceconsejero de Derechos Humanos, Memoria y Cooperación del Gobierno Vasco, José Antonio Rodríguez Ranz, afirmó ayer, en el homenaje a Javier Batarrita, muerto tras ser tiroteado en un control policial en 1961, que "el deber moral, político y social exigible al Estado, responsable de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, debe conllevar una necesaria asunción de responsabilidades" respecto de sus actuaciones. Recordó, además, que la muerte de Batarrita fue "un hecho acaecido en la dictadura franquista que el Estado de Derecho no rectificó".

Rodríguez Ranz se expresó así en el acto de reconocimiento que el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Bilbao llevaron a cabo en el Instituto Gogora junto a la familia del fallecido, "víctima de la violencia ilícita de motivación política", y reconocida como tal por el Decreto 107/2012 de Gobierno Vasco, cuando ya habían transcurrido 51 años desde su muerte. Al homenaje, presidido por el vicelehendakari primero y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, y por el concejal de Asuntos Sociales de Bilbao y secretario-dinamizador del Foro por la Paz de Bilbao, asistieron, entre otros, la consejera de Salud, Gotzone Sagardui; la directora del Instituto Gogora, Aintzane Ezenarro; y la directora de Víctimas y Derechos Humanos, Mónica Hernando.

compromiso En su intervención, el viceconsejero reiteró el "compromiso" del Gobierno Vasco con las personas víctimas de vulneraciones de derechos humanos producidas en el contexto de violencia de motivación política que comenzó a materializarse con el referido Decreto 107/2012 y, más recientemente, con la Ley 17/2016. "Reiteramos nuestro compromiso con el reconocimiento legal, el reconocimiento institucional, con el reconocimiento social de las víctimas, de todas las víctimas de vulneraciones de derechos. Éste pequeño acto quiere ser un símbolo de ese reconocimiento, en la persona de Francisco Javier Batarrita", remarcó.

Rodríguez Ranz se referió también a que "la verdad es un derecho inalienable e imprescriptible" que lleva aparejado "un deber moral, político y social exigible a todos pero, muy especialmente, al Estado, responsable de aquellos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado". Por ello, a su juicio, ese deber "debe conllevar una necesaria asunción de responsabilidades".

Peligro latente Javier Batarrita Gaztelu, hijo de la víctima, afirmó que la muerte de su padre, "provocada por el franquismo, significó el inicio de lo que estaba de alguna manera por llegar luego". Añadió que 60 años después, "mucho ha cambiado pero el peligro sigue latente porque la violencia policial supone la institucionalización de un comportamiento que en lugar de paz social, agrede al ciudadano corriente, justificando el uso alternativo de otras violencias por gobernantes que se deben a quienes gobiernan". Lamentó finalmente que la expresión "verdad, justicia y reparación a veces resulta mancillada por una justicia siempre empeñada en justificar a su Leviatán".

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