ERC y la CUP han acordado dar un margen de tiempo a la mesa de negociación con el Estado para encarrilar una salida política al conflicto catalán y decidir, en la primera mitad de 2023, si vale la pena mantener el diálogo o es momento de lanzar un "nuevo embate democrático por la autodeterminación".
Así lo recoge el preacuerdo entre ERC y la CUP para garantizar este viernes la investidura de Pere Aragonès, un documento de 16 páginas que aún debe ser ratificado mañana miércoles por las asambleas de la CUP, a la espera de saber si también JxCat prestará sus votos para investir al actual vicepresidente del Govern.
Estas son las claves del preacuerdo alcanzado por ERC y la CUP:
NUEVO "ESTADO MAYOR"
ERC y la CUP proponen crear un "espacio de trabajo" entre partidos y entidades independentistas para "preparar las condiciones para el nuevo embate democrático con el Estado".
Esta "mesa de dirección estratégica" del independentismo se inspira en el llamado "Estado Mayor" del "procés", liderado en 2017 por Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, que se encargó de preparar en la sombra el referéndum unilateral del 1-O.
Este nuevo "espacio de debate estratégico fuera de los focos" colisiona con los intereses de Puigdemont, que ahora encabeza desde Bélgica el llamado Consejo por la República, un espacio del que se ha desmarcado ERC pero que JxCat quiere erigir en una institución paralela que marque el rumbo de la estrategia independentista.
LÍMITE AL DIÁLOGO
Pese a su escepticismo sobre los frutos que puede dar el diálogo con el Estado, la CUP acepta dar un "cierto margen de tiempo" a la mesa de negociación entre gobiernos -en la que solo participaría si se negociase autodeterminación y amnistía-, mientras que ERC promete "no dilatarla innecesariamente" y rendir cuentas de sus resultados.
Durante la primera mitad de 2023 se analizarán los frutos de la mesa de negociación con el Estado -creada en febrero de 2020 y que no tuvo continuidad tras el estallido de la pandemia de covid- y se decidirá si hay que mantener el diálogo o dar por agotada esa vía, según señala el preacuerdo, que también menciona un posible "Acuerdo Nacional por la Amnistía y la Autodeterminación" en Catalunya.
ERC y la CUP plantean una legislatura en dos fases, "acumulación de fuerzas y confrontación democrática", de manera que si la mesa de diálogo no da resultados, lanzarán un "nuevo embate democrático" por la vía que "el conjunto del independentismo valore como la más adecuada", priorizando la fórmula del referéndum.
GIRO A LA IZQUIERDA
El preacuerdo incluye compromisos programáticos para dar un giro a la izquierda en políticas sociales y económicas, como una "renta básica universal", un "rescate social", medidas sobre vivienda y salud, un "plan de estabilización" de los 90.000 interinos y temporales del sector público catalán, una "banca pública", la remunicipalización del agua y la gestión de fondos europeos.
El documento también aborda una de las exigencias de la CUP, el cambio del modelo policial, y plantea suspender el uso de las balas de foam por parte de los Mossos d'Esquadra, retirar las acusaciones particulares de la Generalitat contra activistas -salvo en casos de lesiones acreditadas a agentes- y una comisión parlamentaria para debatir otras reformas.
CUESTIÓN DE CONFIANZA
Si es investido president, Aragonès se someterá a una cuestión de confianza "antes de acabar la primera mitad de 2023", lo que da a la CUP la llave de la gobernabilidad a media legislatura.
A cambio, los anticapitalistas se comprometen a "facilitar la gobernanza" y garantizar la "estabilidad presupuestaria" si se cumplen los puntos acordados; su eventual entrada en el Govern no se concreta como compromiso, aunque se deja una puerta abierta "en función del nivel de acuerdo y entendimiento".
Para evaluar el cumplimiento de los acuerdos, crearán tres grupos de trabajo: un "comité permanente de seguimiento" que se reunirá una vez al mes, una "comisión de coordinación Parlament-Govern" de funcionamiento semanal y grupos sectoriales para limar divergencias o concretar acuerdos presupuestarios y sobre proyectos urbanísticos.
BLINDAJE DEL PARLAMENT
ERC y la CUP prevén reformar el reglamento del Parlament para "garantizar su soberanía", el "blindaje de los derechos materiales, civiles y políticos" de los diputados y ser un "muro contra el fascismo", unos objetivos que a priori comparte JxCat.
Los 9 votos de la CUP, sumados a los 33 de ERC, son necesarios pero no suficientes para investir a Aragonès, que debe conseguir en 48 horas atar también el apoyo de los 32 diputados de JxCat de cara al debate de investidura que convocará la presidenta del Parlament, Laura Borràs, para este viernes.
