- A la espera de que se constituya el Govern catalán, y ante el reto de retomar el diálogo entre la Generalitat y el Gobierno español, se ha confirmado un punto de fricción entre los dos ejecutivos en torno a la ley de amnistía para los presos del 1-O impulsada por los partidos soberanistas, que el PSOE adelantó ayer que no apoyará en el Congreso. Tras la aprobación de esta iniciativa en el Parlament el pasado diciembre, los grupos de ERC, Junts, la CUP y el PDeCAT registraron ayer en la Cámara baja una proposición de ley de amnistía para todos los procesados y condenados por el procés, una absolución general que consideran “borrón y cuenta nueva” y el inicio de una “solución política” para el conflicto catalán. Sin embargo, la portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Adriana Lastra, confirmó que “votaremos en contra” de esta propuesta, ya que el PSOE considera que la ley de amnistía “no tiene cabida” en la Constitución.

Las posturas se polarizan, por tanto, al máximo en el minuto uno de este intento de retomar el diálogo tras el parón que ha supuesto la pandemia y las elecciones catalanas. Acompañados de representantes de Òmnium Cultural y Amnistia i Llibertat, los grupos proponentes denunciaron la existencia de nueve presos independentistas y cifraron en más de 3.000 las personas “represaliadas”. Por este motivo, pidieron el apoyo del Gobierno español a su ley de amnistía como posibilidad de corregir la “represión” y la “justicia penal del enemigo”. “La pelota la tiene el PSOE”, dijo la portavoz de la CUP, Mirehia Vehí.

Desde la formación que lidera Pedro Sánchez prefieren, en cambio, explorar la vía de los indultos o las reformas legales. Su socio de gobiernos, Unidas Podemos, no ha decidido todavía su posición, que se moverá entre la abstención y el voto a favor, según la diputada de En Comú Podem Aina Vidal. También ayer, el líder del PP, Pablo Casado, emplazó a Sánchez a rechazar la ley porque esa amnistía “no es posible en una democracia como España”.

La iniciativa de los partidos independentistas pretende amnistiar “todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuera el resultado”, desde el 1 de enero de 2013, lo que incluiría, además del 1-O, a los condenados por la consulta soberanista de 9 de noviembre de 2014, cuando gobernaba Artur Mas. En una comparecencia en el Congreso, estas formaciones admitieron que las elecciones en Madrid “lo alteran todo”, pero pese a la “altísima convulsión política” esperan que no se altere la búsqueda de una solución política con una ley que no se debatirá antes del 4 de mayo, fecha de los comicios madrileños.

Otros partidos se pronunciaron al respecto, y así el PNV y Compromís avanzaron su intención de apoyar que el Congreso tramite la ley de amnistía. El portavoz del PNV, Aitor Esteban, afirmó que el Gobierno español debería haber hecho ya los “deberes” con el asunto catalán y que hasta que no se “normalice” la situación de los encarcelados no se podrá avanzar en esta cuestión. Para el diputado de Compromís, Joan Baldoví, la amnistía puede ser “una buena solución” porque su salida de la cárcel ayudaría a “bajar la temperatura del país”. Añadió que al Estado “no le hace falta más testosterona, sino más parlamentarismo”.

Mientras todo esto sucedía en Madrid, el Govern en funciones presionaba para que la ley de amnistía salga adelante. Su portavoz, Meritxell Budó, aseguró que “el PSOE tiene ahora una oportunidad magnífica, que no es la de pasar página, sino afrontar desde el diálogo y la negociación en la Cámara del Congreso la resolución del conflicto político”. Reclamó por ello “responsabilidad” a los socialistas y que tengan en cuenta “el interés general” y no “intereses electorales” para negociar la ley de amnistía.