- La presidenta del Gobierno de Nafarroa, María Chivite, se sumó ayer a la petición unánime del Parlamento foral para que se aclaren las circunstancias en las que murió Mikel Zabalza, después de que a finales de febrero se conocieran los audios en los que dos altos mandos de la seguridad del Estado asumían en una conversación que el joven navarro fue torturado hasta la muerte en el cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo. Un caso que “corresponde a la Fiscalía y a la Justicia” estudiar si se reabre, según el vicepresidente Javier Remírez.

Fue en respuesta a una pregunta de Geroa Bai cuando Chivite se adhirió a lo expresado por el Parlamento. La presidenta dijo que “el Gobierno hace suya la declaración aprobada por unanimidad en esta Cámara, reflejo del sentir de los navarros, y el Gobierno no puede sino sumarse y compartir este pensamiento”. “Nuestra obligación de comprometernos con rotundidad con la defensa de las víctimas del terrorismo, de cualquier tipo de violencia o vulneración de derechos humanos, con la investigación, la justicia, la reparación y la verdad, que era el objetivo de la declaración”, añadió.

La jefa del Ejecutivo destacó que la unanimidad conseguida en este asunto es “un buen ejemplo de cómo trabajar todo lo que tiene que ver con materia de víctimas”. “Por eso apelo a que trabajemos todos en pro de ese consenso, de lo que atañe a la memoria democrática y a la memoria histórica, porque será la mejor manera de abordar una materia altamente sensible para la ciudadanía y ante la que nadie puede ni debe ponerse de perfil”, afirmó. Se refirió así a aquellas fuerzas que siguen desmarcándose de una política de reparación compartida en lo más esencial. Navarra Suma protagonizó ayer un nuevo desplante, esta vez al acto del Gobierno con motivo del 11-M.

En la formulación de su pregunta, Barkos recordó que a la familia de Zabalza “se le ha negado durante más de 35 años la verdad, la justicia y la reparación”. “Después de haber visto arrebatada la vida de su hijo y hermano, después de haber recibido un trato desaprensivo en la búsqueda de explicaciones en el momento de la desaparición, después de haber vivido la incapacidad de los tribunales en demostrar lo que la certeza moral apuntaba claramente, existe una deuda con la familia Zabalza y con el conjunto de la sociedad de Navarra. Con los audios conocidos existe un punto de inflexión, audios que señalan que murió torturado. Existe verdad y toca ahora justicia y reparación”, zanjó Barkos.

El Ayuntamiento de Donostia acordó una declaración institucional, suscrita por todos los grupos municipales (PNV, PSE, EH Bildu, Elkarrekin Donostia y PP), en la que solicita al Juzgado de Guardia y a la Fiscalía del Estado que, con motivo del contenido de las grabaciones en las que se da a conocer un posible delito de torturas, se estudie la reapertura del caso Mikel Zabalza, fallecido en 1985. En una declaración institucional, el Consistorio se compromete además a “comparecer como acusación popular en el caso de que se abrieran diligencias para aclarar el caso”.