l igual que la pandemia del coronavirus ha sido motivo de confrontación política desde el primer estado de alarma, del que dentro de una semana se cumplirá un año, la celebración del 8-M ha vuelto a entrar de lleno en el debate partidista, más allá de las cuestiones reivindicativas y sanitarias. El epicentro de este conflicto se encuentra en la Comunidad de Madrid tras la decisión de la delegación del Gobierno español de prohibir todas las manifestaciones previstas para este lunes por el Día Internacional de la Mujer, cuando antes avaló que se llevaran a cabo concentraciones de menos de 500 asistentes y en las que se respetaran las medidas anti-covid. Esta marcha atrás, justificada por "motivos de salud pública", provocó ayer un intenso cruce de declaraciones.

El Gobierno español avaló en primer lugar la prohibición en la capital del Estado, gobernada por el PP, pero no en otros lugares. Así, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, argumentó que "cualquier manifestación en Madrid siempre es la más grande y la más importante. Y sus datos, junto con los de Ceuta y Melilla, no son los mejores de nuestro país". El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró que el de manifestación es "un derecho básico" pero precisó que no se puede permitir "un retroceso" en la lucha contra el covid-19. "Hay gente que se sentirá cómoda" porque no se celebren actos, añadió.

Efectivamente, otras comunidades como la CAV, Nafarroa, Catalunya, Valencia o Castilla y León sí permitirán las concentraciones que cumplan con las medidas sanitarias. El PP cargó ayer duramente contra el gabinete que lidera Pedro Sánchez por anteponer la política a la salud como ocurrió, según su parecer, hace un año. "Lo vivo como una gran decepción de nuevo. Que no vuelvan a repetir lo que fue tan grave para tantos ciudadanos de nuestro país", afirmó la vicesecretaria de Política Social del PP, Ana Pastor.

Su compañero de partido, el vicesecretario de Comunicación Pablo Montesinos, acusó a Moncloa por ser "la casa de los líos" tras las quejas expresadas por el socio de gobierno de Sánchez, Unidas Podemos. La ministra de Igualdad, Irene Montero, lamentó que se criminalice el movimiento feminista tras la prohibición en Madrid. Montesinos recordó que el PP celebrará el lunes un "acto de reconocimiento a la mujer en defensa de la igualdad real".

La celebración del 8-M el año pasado también estuvo en el centro de una gran tormenta política y judicial, y de hecho el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, fue investigado por un juez por no prohibir entonces la manifestación, aunque la causa se acabó archivando. Los tribunales de justicia también tendrán protagonismo con la reunión, esta misma tarde, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para decidir sobre los siete recursos interpuestos contra la prohibición de los actos por el Día de la Mujer.

El eco del debate también llegó a la CAV y la secretaria general del PP vasco, Laura Garrido, reclamó al Gobierno Vasco que adopte "las decisiones que corresponda" para evitar que las movilizaciones conviertan las calles de Euskadi en un "infectódromo". Por contra, la portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Maddalen Iriarte, llamó a las mujeres a "salir a la calle" para "reivindicar sus derechos y a favor de una sociedad más justa", algo que parece "molestar". El presidente del EBB, Andoni Ortuzar, no es partidario de prohibir los actos pero sí cree que se debe llamar a respetar las normas sanitarias.