El excomisario José Villarejo, investigado por la Audiencia Nacional en el caso Tándem, ha salido pasadas las 18.30 horas de la cárcel madrileña de Estremera, en la que permanecía en prisión provisional desde noviembre de 2017.
Villarejo, con un parche en el ojo izquierdo, ha abandonado el centro penitenciario después de que el juez Manuel García Castellón haya acordado este miércoles su puesta en libertad, tal y como había pedido la Fiscalía Anticorrupción, ante la imposibilidad de poder juzgarle antes de noviembre, cuando cumple el límite máximo de 4 años desde que se decretó su prisión preventiva tras su detención en la Operación Tándem.
El magistrado, como el fiscal, advierte de que aún existe riesgo de fuga, de ahí que le haya impuesto estrictas medidas cautelares: comparecencias diarias en el juzgado más próximo a su domicilio, prohibición de salida de territorio nacional y retirada de pasaporte, "con requerimiento expreso de prohibición de obtener uno nuevo", y la obligación de comunicar cualquier cambio de domicilio.
Señala también que se han asegurado las responsabilidades civiles posibles del investigado disminuyendo el riesgo de ocultación de activos, y con ello la posibilidad de que puedan acordarse medidas menos gravosas e igualmente efectivas para garantizar su presencia en el proceso, atenuando los indicadores de riesgo de fuga y reiteración delictiva que señalaba el fiscal.
En su auto, el magistrado asume como principal argumento para acordar la excarcelación el mismo que ha planteado la Fiscalía: que el excomisario debe quedar en libertad ante la imposibilidad de poder juzgarle antes de noviembre, cuando cumple el límite máximo de 4 años desde que se decretó su prisión preventiva.
Además, constata que el estado actual de las piezas que conforman la causa tampoco "permite su inmediata conclusión" ni su enjuiciamiento antes de noviembre.
Concluye así que el mantenimiento de la prisión preventiva "ya no resulta materialmente idónea para garantizar la sujeción del investigado al procedimiento", puesto que "pudiera convertirse en una pena anticipada y comprometer, en consecuencia, el derecho a la presunción de inocencia".
Sin embargo, advierte a Villarejo de que el incumplimiento de cualquiera de estas medidas puede llevar a valorar la modificación de su situación personal.
Persiste el riesgo de fuga
Pese a dejarle en libertad, también pondera una serie de circunstancias personales, familiares y sociales de Villarejo, que, junto a la "gravedad de los hechos" investigados, reflejan "la persistencia del riesgo de fuga" y de reiteración delictiva y la necesidad de adoptar esas nuevas medidas cautelares.
Entre ellas figura su integración, "como máximo responsable", en una organización criminal, a la que también pertenecería su "círculo familiar más próximo"; el control de "importantes activos patrimoniales fuera de España", su falta de arraigo laboral o su "amplia red de contactos, que le permitirían residir fuera" del país eludiendo a la Justicia.
Tiene también en cuenta que durante la causa se le ha incautado "documentación con pluralidad de identidades", pasaportes en blanco y "grandes cantidades de dinero en efectivo", que podrían contribuir a "la planificación de una fuga"; y menciona la "facilidad acreditada" para trasladarse a distintos países, dentro y fuera de Europa.
El riesgo de volver a delinquir es, dice el juez, "actual y permanente", dado que Villarejo "seguía controlando" hace unos meses desde la cárcel "una ingente documentación" con una "doble finalidad": "lucrarse y chantajear" a particulares e instituciones mediante su "difusión programada" para obtener así su impunidad o al menos a corto plazo, su libertad", hechos que motivaron la apertura de una pieza separada.
El riesgo de fuga también se incrementa con la cercanía del juicio de las tres piezas (Iron, Land y Pintor) por las que será juzgado a partir del 13 de diciembre y en las que Villarejo está acusado de varios delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos, falsedad documental y extorsión en grado de conspiración, por los que la Fiscalía pide para él, en conjunto, 99 años y 8 meses.
La Fiscalía, y también la defensa de Villarejo, pedían este miércoles su excarcelación después de que la sección cuarta desestimara el recurso de súplica del Ministerio Público contra su decisión de dejarle en libertad en esas tres piezas.
Quedaba así en prisión por la treintena de piezas restantes en instrucción, cuyo estado de tramitación, dice el magistrado, tampoco "permite su inmediata conclusión y, por tanto, tampoco su enjuiciamiento antes de la fecha de expiración del plazo máximo de prisión provisional".
En su escrito al juez, la Fiscalía exponía que al haber desestimado la Sala su recurso y no haber asumido la situación personal de Villarejo en las otras causas, así como por haber señalado el juicio después de que venza el plazo máximo de la prisión preventiva, la libertad provisional devenía inevitable.
