- La reunión con Fernando Grande-Marlaska ha cumplido las expectativas del Gobierno Vasco y ha servido para dar un impulso político a los retos pendientes. El vicelehendakari primero y responsable de Seguridad, Josu Erkoreka, arrancó ayer al ministro de Interior un compromiso para reactivar la Junta de Seguridad, el órgano bilateral de coordinación en materia policial que no se ha reunido desde el 9 de julio de 2017, desde la etapa del popular Mariano Rajoy al frente del Gobierno español. En concreto, se reunirá antes del verano. Esta era la principal demanda concreta que le iba a trasladar Erkoreka, tal y como adelantó este periódico, y fue atendida por Marlaska. Quitar las telarañas a este foro va a permitir que se refuerce y garantice la coordinación policial en los nuevos retos que han surgido desde 2017 y que, según explican desde el departamento a DNA, abarcan el uso de los drones (evitar que se dupliquen esfuerzos desde la Ertzaintza y las fuerzas de seguridad estatales), la cooperación transfronteriza y las vigilancias en la muga, que la Ertzaintza pueda acceder a las bases de datos europeas sobre ADN y métodos de inteligencia artificial como el reconocimiento facial, acceder a los datos de Europol e Interpol, coordinarse en nuevos delitos como la ciberdelincuencia, y analizar la participación de la Policía vasca en los foros de la Unión Europea.
El acuerdo tiene un valor práctico porque abarca todas estas cuestiones, pero también tiene peso político, porque se recupera un órgano bilateral, especial y contemplado en el Estatuto de Gernika, para la relación entre el Estado y la Ertzaintza, que es una policía integral. Erkoreka y Marlaska acordaron mantener una relación “fluida” de ahora en adelante y poner en marcha la comisión permanente que va a redactar el orden del día de la Junta de Seguridad, tal y como explican las mismas fuentes.
La Junta de Seguridad también es el marco para que el Gobierno Vasco pueda refrescar a Madrid la necesidad de transferir las competencias sobre salvamento marítimo y servicios de meteorología, y encauzar la participación vasca en Europa, en el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior. Este último punto es importante, por ejemplo, para afinar en la lucha contra la amenaza yihadista. El Gobierno Vasco ha pedido reiteradamente que se pueda participar en el pleno o, como mínimo, en los grupos de trabajo, como sucede con el Ecofin que reúne a los ministros de Economía europeos.
Erkoreka y Marlaska, además, abordaron la transferencia de la gestión de las prisiones, y dejaron ver que la negociación está en su fase final y resolutiva. En concreto, la nota de prensa enviada tanto por el departamento de Seguridad como por el Ministerio asegura que este traspaso se está “ultimando”, una palabra que no está escogida al azar y que replica los términos en los que se ha expresado estos días la consejera Olatz Garamendi. La expresión demuestra que este traspaso tiene el impulso político de Marlaska, el responsable de las prisiones, y que ayer este tema de conversación suscitó sintonía y coincidencia entre ambas partes, más allá de las habituales dificultades económicas y técnicas de toda transferencia. Las fuentes consultadas explican que Marlaska trasladó su “compromiso total” con el traspaso, en la medida en que se trata de “cumplir la ley”, el Estatuto de Gernika. Eso sí, se remiten a los equipos del Ministerio de Política Territorial de Miquel Iceta y a la Consejería de Autogobierno de Olatz Garamendi, quienes también se van a reunir de manera inminente para dar el empuje final.
La cita entre Erkoreka y Marlaska se desarrolló en un contexto de “máxima cordialidad” y fue fructífera. Ambos aprovecharon para agradecer el trabajo realizado por las fuerzas de seguridad durante un año de pandemia, “velando por la salud y la seguridad de la ciudadanía, garantizando los servicios y bienes esenciales, el suministro de material sanitario y el funcionamiento de las infraestructuras críticas”. Además, compartieron su condena a los actos violentos de los últimos días (se han producido enfrentamientos con la Ertzaintza cuando intentaba disolver botellones, y también han sido noticia los altercados protagonizados por algunos grupos en las marchas en apoyo al rapero Pablo Hasél) y coincidieron en que son actos “minoritarios” frente a la actitud ejemplar de la sociedad. En la cita participaron el delegado del Gobierno español, Denis Itxaso, y el viceconsejero Josu Zubiaga.
Acordaron activar los trabajos necesarios para celebrar la Junta de Seguridad. No se reúne desde 2017, en cierta medida por la agitación permanente en la que ha vivido instalada la política estatal desde la moción de censura contra Rajoy y la repetición electoral. Después llegaría el coronavirus, Sánchez decretó el estado de alarma y, en sus primeras fases, asumió el mando único, también en materia de seguridad, lo que provocó la queja del PNV por su recentralización.
Ya existe un acuerdo sobre el traspaso, y queda por concretar su valoración económica y el apartado de los funcionarios y personal laboral. Se da por hecho, por otro lado, que el edificio que ocupaba la antigua cárcel de Nanclares no estará en la negociación, precisamente por no ser ya una prisión. Iceta y Garamendi tendrán que rematar el acuerdo, que se espera que cumpla los plazos del calendario de traspasos y llegue en marzo, y abarcará la gestión de las cárceles, mientras que la ley penitenciaria seguirá en manos del Estado. Ambas partes tienen sobre la mesa otras cuestiones en las que existe cierto bloqueo, como el asunto de los interinos. Garamendi podrá trasladar personalmente al ministro el apremiante problema que ha causado el recurso del Gobierno español contra el turno especial de acceso de los interinos en la Ley vasca de Policía. El Tribunal Constitucional ha tumbado ese turno especial que consistía en una prueba práctica para quienes acreditaran al menos ocho años de experiencia en ámbitos con un 40% de interinidad. Se incluye en el proyecto de Ley de Cuerpos y Escalas.
Garamendi espera que el Estado habilite un paraguas legal en el Estatuto Básico del Empleado Público. También colea el traspaso del Ingreso Mínimo Vital, un asunto que volvió a poner sobre la mesa ayer el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, para avisar a Sánchez de que deben llegar “todos” los traspasos, como dijo en Euskadi Irratia.
“La reunión de la Junta de Seguridad es necesaria para la coordinación”
Notas de prensa idénticas
