La Fiscalía niega un pacto con Bárcenas por su confesión pero le rebaja los delitos

Esta falta de novedad afecta, según Fiscalía, tanto al objeto de acusación por las obras en la sede del PP presuntamente financiadas con dinero en negro, “como de lo que todavía se investiga en otros procedimientos a salvo, claro está, lo que pueda declarar o aportar el acusado Luis Bárcenas o su defensa en las sesiones del juicio oral o en los correspondientes procedimientos”, algo que el Ministerio dice desconocer. La misiva del extesorero fue puesta en conocimiento de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, antigua ministra socialista, el pasado jueves día 4 y desde entonces Anticorrupción no se ha dirigido en momento alguno a Bárcenas en busca de colaboración o confesión en ninguno de los procedimientos en los que interviene este departamento. Así, “sin vinculación a pacto, conformidad o acuerdo alguno, que no se ha producido”, aclara, el criterio de la Fiscalía será el de “analizar rigurosamente las manifestaciones hechas, junto con las declaraciones que pueda prestar en el juicio oral”.

Bárcenas también presentó el escrito en la Audiencia Nacional en tanto que la Fiscalía lo ha remitido a los Juzgados Centrales de Instrucción números 5 -causa sobre presuntas comisiones de empresarios a cambio de adjudicaciones- y 6 -pieza Kitchen sobre espionaje y robo de documentos a la familia Bárcenas- a los efectos oportunos. Anticorrupción pretende que el juez Santiago Pedraz le interrogue en relación con los hechos derivados de los denominados papeles de Bárcenas que se instruyen en este órgano desde hace años.

En este contexto, el Ministerio Fiscal cree que Bárcenas no debe ser juzgado por el presunto delito fiscal cometido por el PP con el impuesto de sociedades de 2008, ya que ni Fiscalía ni Abogacía del Estado acusan por ello. El fiscal anticorrupción Antonio Romeral apuntó que tampoco se debe tratar el posible delito fiscal relacionado con el impuesto de sociedades de 2006 de la empresa Unifica, que realizó las obras de reforma de la sede. Mantiene esta posición apoyándose en jurisprudencia, en concreto en la denominada doctrina Botín, para recalcar que no se puede seguir adelante con estas acusaciones porque únicamente las defienden acusaciones populares. Aquí cabría recordar la conocida como doctrina Atutxa, avalada por el Tribunal Constitucional en diciembre de 2013, que vehiculó la condena de Juan Mari Atutxa, expresidente del Parlamento Vasco, por un delito de desobediencia al no disolver el grupo Sozialista Abertzaleak. El Supremo, cinco años antes, estableció que Atutxa sí podía ser llevado al banquillo con la sola presencia de acusaciones populares al entender que el delito del que estaba acusado afectaba al conjunto de la sociedad. Con todo, la Fiscalía tampoco entiende que se someta a Bárcenas a apropiación indebida, como cooperador necesario del ya difunto Álvaro Lapuerta, extesorero del PP, de dinero de la caja B para la compra de acciones de Libertad Digital -medio que habría recibido dinero para promover la llama teoría de la conspiración sobre los atentados del 11-M-, y esto lo sustenta en que es cosa juzgada y hay prescripción del delito. Este asunto se vio en el juicio por la primera etapa del caso Gürtel. Añade el fiscal que a pesar de que diversas acusaciones hablan en sus escritos de acusación de delitos electorales “la prueba que se propone puede resultar inútil” por lo que piden que se reconsidere.

Con este horizonte, el inicio del juicio sirvió para que la defensa de Bárcenas planteara al tribunal de la Audiencia Nacional la posibilidad de realizar un careo entre el extesorero y Rajoy si el expresidente español presenta alguna contradicción durante su declaración como testigo con lo manifestado por el acusado. El abogado Gustavo Galán precisó que, no es que le guste como abogado “generar ningún tipo de circo, pero en coherencia procesal” sería “ilógico” que no solicitase la testifical del exlíder del PP. Rajoy ya declaró como testigo en el juicio por la primera época de la trama Gürtel (1999-2005) y afirmó que “jamás” supo nada de la presunta caja b porque sus responsabilidades en el partido eran “políticas”, no contables. Por su parte, el letrado del PP, Jesús Santos, le reprochó que se haya alineado con las acusaciones populares, a las que vinculó con el PSOE, IU y Carles Puigdemont, para seguir alimentando el “circo mediático”.

Para apuntalar su versión de los hechos, la defensa de Bárcenas pidió que cite como testigos a los periodistas Francisco Mercado, Eduardo Inda, Ernesto Ekaizer y María Luisa Bernal (Marisa Gallero) para que expongan el contenido de las pruebas que recabaron y probar la existencia de una grabación del predecesor de Lapuerta en la que supuestamente manifestaba que existían ciertos pagos a exdirigentes del PP.

Bárcenas desgrana en su escrito que en los papeles presuntamente destruidos por Rajoy se anotaban las donaciones que hacían empresarios, directamente a Lapuerta, en la misma sede del partido o “en ocasiones en restaurantes”, a cambio de “importantes adjudicaciones de obras y servicios públicos”. Añade que de esta caja salieron “complementos salariales”, que recibieron no solo Rajoy; sino también los exministros María Dolores de Cospedal, Javier Arenas, Francisco Álvarez Cascos, Ángel Acebes (ex secretarios generales del partido), Federico Trillo, Rodrigo Rato; el expresidente del Senado Pío García Escudero y el ex diputado Jaime Ignacio del Burgo.

“Sin querer generar un circo, pediremos el careo con Rajoy en caso de existir contradicciones”

Abogado de Luis Bárcenas

“No existe pacto alguno, conformidad o acuerdo con Bárcenas, ni su escrito se entregó a los medios”

Comunicado