- El Congreso se convirtió ayer en un simulacro de debate electoral con la vista en el 14-F y donde se mostró la doble vertiente que impera en Moncloa sobre la forma de abordar el conflicto. Mientras el nuevo ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, se estrenó ofreciendo cauces de diálogo; la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, sugirió que el Ministerio Fiscal recurrirá la concesión del tercer grado a los presos soberanistas en la línea marcada por el Tribunal Supremo. “Nasío para pactar”, dijo en tono jocoso el líder del PSC, que dejó la candidatura al Govern en manos de Salvador Illa, para subrayar que ése es su modo de trabajar, al tiempo que desde Esquerra se la acusó de tener contradicciones como la de defender una consulta de autodeterminación que después rechazó. Un cruce dialéctico que llegó horas después de que el Ejecutivo español avalara retomar la mesa bilateral.

El guion de Iceta se basa en la defensa de la legalidad, en el estricto cumplimiento de la ley y en el respeto a la separación de poderes y al acatamiento de las sentencias, en clara alusión al referéndum del 1-O. Sin obviar la agenda para el reencuentro que Pedro Sánchez llevó a Barcelona para propiciar el diálogo con la Generalitat. “Ahí está nuestro plan, nuestra oferta”, insistió el ahora ministro, quien advirtió de que para llevarlo a buen puerto “se necesita que las dos partes realmente lo quieran y lo demuestren con actos y con hechos”. Iceta añadió que fue un error apoyar el derecho a decidir y aseveró que seguirá yendo a manifestaciones contra la secesión, aunque a esas movilizaciones acuda gente que tiene poco que ver con él.

ERC le acusó de poner la ley como excusa y le recordó que en Madrid le consideran “soberanista y filo independentista”, rogándole para que en su nuevo puesto “no se calle” y diga lo que piensa. El portavoz Gabriel Rufián alegó que igual que no se puede proclamar una república con el 50% de la población en contra, tampoco se puede imponer un autonomía contra el otro 50%. “No cuela echarse la Constitución a la cabeza, tenemos que hacer nuestro trabajo”, zanjó el republicano. En paralelo, Iceta también tendió la mano a JxCat tras reseñar que lo que necesita el Gobierno de Sánchez en Catalunya es un “interlocutor comprometido con el diálogo” porque la estrategia de confrontación del expresident Quim Torra no es el camino para llegar a acuerdos. La posconvergente Laura Borràs le recriminó los reiterados incumplimientos desde Madrid, el “maltrato financiero” y que “no mueva un dedo” para detener la represión.

En este contexto, la situación de los presos independentistas, en régimen de semilibertad tras la aplicación del Govern de su política penitenciaria, no parece sin embargo que pueda formar parte de la solución a corto plazo. La fiscala Delgado avisó de su intención de revocar el tercer grado apoyándose en el fallo del Supremo, que lo vio prematuro. Aunque prefiere esperar al “estudio de compañeros especializados en vigilancia penitenciaria”, que están trabajando para que este caso no tenga “derivadas políticas”, retomó el dictamen judicial. “Es el Tribunal Supremo, ni más ni menos”, aclaró Delgado.

Por otra parte, Salvador Illa perseguirá una reforma del sistema de financiación autonómica “más justo” si los socialistas pilotan la Generalitat tras el 14-F.