Confirmada la condena por la matanza de jesuitas en El Salvador

04.02.2021 | 00:56

Madrid – El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a 133 años y cuatro meses de cárcel al excoronel y exviceministro de Seguridad Pública de El Salvador Inocente Montano por los asesinatos de cinco jesuitas españoles en 1989, entre ellos el vizcaíno Ignacio Ellacuria, lo que califica de "crimen de Estado". Apenas cinco meses después de que la Audiencia Nacional condenase al único dirigente militar juzgado en España por estos hechos, la Sala de lo Penal del Supremo ha ratificado la sentencia sobre lo que denomina "auténtico relato de terror y del horror que tuvieron que vivir las víctimas de este crimen de Estado".

De 78 años y con un delicado estado de salud, Montano fue condenado por cinco asesinatos de carácter terrorista, los de los religiosos españoles Ignacio Ellacuria, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno, perpetrados la noche del 15 al 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana y en medio de la mayor ofensiva insurgente registrada durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992). El tribunal también le consideró autor de los crímenes de otro jesuita salvadoreño, Joaquín López; de la cocinera del centro, Julia Elba; y de su hija Celina Mariceth, de 15 años, si bien no se le pudo condenar por ello al no haber concedido Estados Unidos su extradición por estos hechos.

La sentencia, que llegó más de 31 años después de la matanza, estimó probado que los asesinatos fueron urdidos, planeados, acordados y ordenados por los miembros del Alto Mando de las Fuerzas Armadas salvadoreñas, al que formaba parte no solo el condenado sino también el entonces presidente de la República, Alfredo Cristiani, a quien la justicia salvadoreña se negó a entregar a España. Al ver amenazada su situación de poder y de control ante la ofensiva desarrollada en noviembre de 1989 por el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FLMN), el Alto Mando decidió ejecutar a Ignacio Ellacuria, rector de la Universidad y quien de forma más intensa intentaba llevar a las dos partes en conflicto a la paz, mediante el diálogo y la negociación.

Siguiendo un plan preconcebido, dieron la orden directa, personal y ejecutiva al coronel Guillermo Benavides –único condenado en El Salvador– de ejecutar al jesuita "sin dejar testigos vivos de ello", y pusieron bajo su mando a cuarenta soldados del batallón de élite Atlacatl, entrenados por el ejército de los Estados Unidos, fuertemente armados y equipados, por orden del mismo Alto Mando, a través del Jefe de Estado Mayor. Fue, deja claro el Supremo, una decisión "tan grave" como la de "ejecutar con el propio instrumento de seguridad del Estado", es decir, se adoptó "desde el poder establecido y utilizando las armas del poder frente a unas víctimas absolutamente indefensas a las que matan por unos teóricos ideales que tenían, y/o relacionándolos con movimientos de resistencia pública" y que "nada pudieron hacer para defenderse".

Como ocurrió con la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo ha dictado una contundente sentencia donde afirma que el Alto mando utilizó "el aparato del Estado para llevar a cabo una auténtica ejecución civil de ciudadanos para crear una apariencia ante la sociedad de que actuaban contra el Estado". Pero en realidad –prosigue– lo que se perpetró fue "un auténtico asesinato con modalidad amparada en el terrorismo de Estado para alterar en realidad la convivencia social y llevar a cabo crímenes de Estado".

Mientras, en El Salvador la Corte Suprema ha cerrado recientemente la causa penal contra el resto de los autores intelectuales a los que señala la sentencia española –dictada en virtud del principio de justicia universal–. La Fiscalía ha recurrido la decisión y ha pedido la recusación de los magistrados que acordaron el archivo.