- A la incertidumbre de la fecha electoral y la intención judicial y de los poderes del Estado de mantener la del 14-F, se sumó ayer una decisión nada baladí por parte del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) de inhabilitar al conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Bernat Solé, por un delito de desobediencia por haber organizado los preparativos del referéndum del 1-O cuando era alcalde de Agramunt. La resolución llega justo cuando el dirigente de ERC es el máximo encargado de los preparativos y la correspondiente infraestructura de los próximos comicios catalanes.

Aunque los jueces le imponen una pena de un año de inhabilitación y el pago de una multa de 16.800 euros, Solé podrá seguir al frente de la conselleria porque la sentencia todavía no es firme. Su Departament reactivó el martes el dispositivo del 14-F tras el fallo judicial que suspendía cautelarmente la fecha del 30 de mayo, y llama la atención que se erija en el segundo miembro del Govern condenado por el mismo delito después de ocurrirle lo propio a Quim Torra por colgar una pancarta por la libertad de los presos en periodo electoral.

Eso sí, el conseller, que figuraba como número 2 en la candidatura de ERC en Lleida, queda ahora fuera de las listas tras este dictamen, un hecho que según la portavoz de Esquerra, Marta Vilalta, “es una nueva injerencia a modo de venganza”. No en vano, “condiciona la organización de las próximas elecciones” porque obliga a los republicanos a buscarle un sustituto.

El TSJC considera que Solé “no solo permitió que el día 25 septiembre de 2017 se utilizara el local de la Plaza del Mercadal, gestionado por el propio Ayuntamiento, para la celebración de un acto público o conferencia destinada a promover la participación ciudadana en el referéndum ilegal del 1-O, sino que se prestó a participar en él como orador, junto a otros dos, en su calidad de alcalde de dicha localidad, además de en la de diputado del Parlament de Catalunya, aprovechando la ocasión para alentar públicamente a los oyentes a ir a votar el 1 de octubre”. El tribunal le atribuye “una participación activa y decidida” el día del referéndum personándose desde el primer momento en el centro de votación y “asumiendo de forma intermitente durante toda la jornada responsabilidades logísticas, de apoyo de asistencia a los organizadores” hasta el punto de “esconder en lugar seguro las urnas con los votos depositados en su interior y la documentación comprometedora relacionada con la votación o, finalmente, la de adelantar la hora de cierre de la votación, ante la posibilidad de que se personaran en la localidad las citadas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para cumplir el mandato judicial de impedirla”.

El conseller, que en su declaración negó haber cedido locales y alegó que su actuación se limitó a “preservar la seguridad, el orden público y la integridad de los equipamientos”, aseguró ayer que “volvería a estar al lado del pueblo porque no se puede desobedecer nunca la voluntad ciudadana”. Según Solé, la sentencia no le afecta únicamente a él, sino a todos alcaldes que el 1-O facilitaron a votación: “Condenándome a mí se condena también a todo el mundo local comprometido con la democracia”. El titular d’Acció Exterior recurrirá la resolución y destacó que la única salida a “la represión” es la amnistía y la autodeterminación. El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, cree que el TSJC no hace más que confirmar que “estamos ante la permanente judicialización de la vida política catalana”. A su entender, esto corrobora igualmente la “represión sistemática” contra el independentismo. La Associació Catalana de Municipis (ACM) y la Federación de Municipios de Catalunya (FMC) tacharon la inhabilitación de “un nuevo ataque a la democracia y a las instituciones” catalanas.

Solé es el tercer conseller de Acció Exterior de la presente legislatura tras sustituir a Alfred Bosch, que a su vez relevó a Ernest Maragall, y es el primero que en su labor como alcalde es condenado por facilitar el 1-O. Otras causas contra otros regidores acusados de facilitar el referéndum han quedado archivadas o con fallos absolutorios. Otras ocho causas contra alcaldes siguen abiertas. Pero esta sentencia contrasta con la que dictó un juzgado de Figueres que absolvió a la regidora de Roses, Montserrat Mindan, también acusada de desobediencia. En ella la jueza estableció que “ni el ayuntamiento de Roses, ni la alcaldesa dieron órdenes directas o indirectas para facilitar las votaciones”. Un fallo que la Fiscalía acaba de recurrir ante la Audiencia de Girona.

“Se trata de una nueva injerencia a modo de venganza que condiciona las próximas elecciones”

Portavoz de ERC