El Gobierno vasco se ha opuesto a la aprobación del reglamento para canalizar la participación de las comunidades autónomas en los proyectos financiados por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), al considerar que no se basa en un modelo de cogobernanza real y efectivo.

El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno vasco, Pedro Azpiazu, ha participado este jueves en la constitución de la Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, un órgano de coordinación entre el Gobierno español y las comunidades autónomas.

Azpiazu ha demandado un papel protagonista de los gobiernos autonómicos y se ha ofrecido a colaborar en la creación del "mejor diseño posible" para este plan, "apoyado en las fortalezas" de las comunidades autónomas.

Ha mostrado su confianza a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en poder articular una "verdadera y genuina colaboración y no una dinámica unidireccional en la que el papel de las comunidades autónomas quede reducido a un mero ejercicio ejecutor de unas decisiones adoptadas por el Gobierno central sobre competencias propias".

Además, según ha informado el Gobierno vasco, Azpiazu ha mostrado su malestar por la "tardanza" en convocar esta Conferencia Sectorial y por la fórmula que desde el Gobierno español están dando a conocer, "como si de una yincana se tratara", aspectos de la gestión de los fondos MRR.

A este respecto, el consejero vasco ha recordado que el borrador de reglamento del MRR que está elaborando la UE establece que las autoridades regionales y locales han de ser consideradas como "socios importantes en la implementación de las reformas y las inversiones" y que por ello han de ser consultadas e implicadas en el proceso.

Además, el Real Decreto Ley 36/2020 de 30 de diciembre menciona en el ámbito de la gestión de los fondos del MRR "la gobernanza multinivel territorial propia del sistema español de Estado de las autonomías" lo que requiere la implicación de todos los agentes económicos y sociales, de todos los niveles de gobierno y del conjunto de los recursos de la administración pública.

La propuesta del Gobierno vasco, que ha vuelto a defender para este mecanismo el modelo de gobernanza utilizado para los fondos Feder, busca que el Estado y cada comunidad autónoma firmen un acuerdo para la totalidad del periodo 2021-2026 de forma que cada una de ellas pueda decidir e incidir con esos recursos en la "aceleración y transformación de sus ámbitos estratégicos".

"La gestión que hasta la fecha vamos conociendo, poco a poco, a través de distintos medios supone una auténtica carrera de obstáculos para clarificar los recursos con los que podremos contar para realizar planteamientos serios de transformación, que requieren de proyectos multidepartamentales, interinstitucionales y plurianuales", ha añadido Azpiazu.