- La decisión es inédita. Los servicios jurídicos del Congreso mostraron ayer su posición favorable a que la Mesa de la Cámara admita a trámite la comisión de investigación registrada por Unidas Unidos y otros seis partidos para abrir pesquisas sobre el uso de tarjetas black por parte de Juan Carlos de Borbón después de que abdicara en 2014 y de las que se podría haber aprovechado buena parte de los miembros de su familia, incluida su esposa Sofía de Grecia. Los letrados son partidarios de que el escrito se califique y se traslade a la Junta de Portavoces “para su eventual inclusión en el orden del día de una próxima sesión plenaria”. Se trata de la primera vez que los servicios jurídicos de la Cámara Baja no informan en contra de dar trámite a una comisión de investigación relativa al rey emérito.

El pasado diciembre, la Mesa del Congreso, amparándose en la opinión de los letrados, vetó esta misma petición por un defecto de forma, ya que solo se había presentado con la firma de Podemos, que no cuenta con diputados suficientes para solicitar por sí misma una comisión de investigación. El grupo confederal volvió a registrar la solicitud añadiendo la firma de ERC, EH Bildu, Más País, Compromís, CUP y BNG, texto cuyo contenido sí ha sido ahora analizado por los letrados, que le dan su visto bueno.

Estos grupos volvieron a aunar sus fuerzas tras el enésimo portazo de los miembros de la mesa del PSOE, PP y Vox a las solicitudes que días antes habían presentado estos partidos por separado. El órgano de gobierno del Congreso tomó esta decisión “de acuerdo con los antecedentes existentes y los informes de los letrados”, algo que Unidas Podemos, con representación en la Mesa, criticó duramente. “Nadie dio un argumento ni jurídico ni político para no investigar esto”, expresó entonces el secretario primero del órgano de gobierno de la Cámara Baja, Gerardo Pisarello.

La pelota queda nuevamente en la Mesa del Congreso, que abordará hoy el asunto. Sin embargo, no pasará este segundo filtro para ser debatido y votar en el Pleno la creación de la comisión, ya que el PSOE se posicionará una vez más en contra, lo que a buen seguro gestará otro conflicto con su socio de coalición.El sentido del dictamen de los letrados fue revelado por el portavoz del grupo parlamentario de la formación morada, Pablo Echenique, en su cuenta de Twitter. “Ya no hay excusa. A partir de ahora, la decisión es puramente política”, aseguró el dirigente de Podemos en su mensaje, en una referencia explícita a que los grupos de la Mesa que habitualmente unen su voto para impedir cualquier investigación parlamentaria a la Casa Real o a sus miembros, esta vez no podrán aludir a la opinión de los letrados para vetar las pesquisas sin opinar sobre el fondo de la cuestión. Un escenario que pone al PSOE en una compleja e incómoda situación, en tanto que le retrata, por mucho que se ampare en esta ocasión en que este informe de los servicios jurídicos no es vinculante. “Entendemos que el Congreso tiene sus funciones tasadas en la Constitución y controlar al jefe del Estado no está entre ellas, como se refleja en las sentencias repetidas del Tribunal Constitucional”, explican fuentes de Ferraz, que subrayan que éste es “un tema judicializado”.

Entre los principales hechos que se pretenden esclarecer en el caso ya improbable de que saliese adelante esta comisión, se cita: “Si don Juan Carlos de Borbón y Sofía de Grecia, como indican las actuaciones iniciadas por la Fiscalía Anticorrupción, habrían usado entre los años 2016 y 2018, tarjetas opacas con cuentas ubicadas en el extranjero”; “si mediante estas tarjetas se habrían pagado abundantes cuantías de dinero en gastos propios y de otros miembros de la familia real”; “si las medidas aprobadas en materia de prevención y detección del blanqueo de capitales y de delitos fiscales son eficaces” y “si es necesario adoptar reformas normativas o aumentar las actuaciones administrativas para prevenir y perseguir estos ilícitos penales”.

La investigación se centra en el uso de dinero sin declarar de un empresario mexicano para pagar gastos privados, que salpica a miembros de la familia. Entre ellos, sus hijas Elena y Cristina y varios de sus nietos emplearon esos fondos durante al menos tres ejercicios fiscales para abonar desplazamientos de Uber, compras en El Corte Inglésy hasta clases de piano o la compra de una yegua para su nieta Victoria Federica.

“Ya no hay excusas: o se está con la verdad o con la impunidad, es cuestión de voluntad política”

Portavoz de Unidas Podemos

“El Congreso tiene sus funciones tasadas en la Constitución y controlar al rey no está entre ellas”