- El argumentario eminentemente político con el que los fiscales del procés rechazaron los indultos no ha gustado en Moncloa. A la explícita contrariedad aireada desde Unidas Podemos se unió ayer, por parte socialista, la clara indirecta lanzada por el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, a la Fiscalía del Tribunal Supremo. Aunque evitó comentar el contenido de los informes, y también desde su posición de juez en servicios especiales, deslizó que es más partidario de los escritos “técnico-jurídicos” cuando se le cuestionó específicamente por el Ministerio Público. “No ha llegado el momento procesal oportuno para pronunciarme”, esquivó Marlaska, que se remitió al debate que se abra cuando se encuentre “encima de la mesa del Consejo de Ministros”.

La desazón, sin embargo, es obvia en tanto que los fiscales vincularon la intención de otorgar esta medida de gracia, que compete al Ejecutivo, como una especie de contrapartida, hablando sin tapujos de “intereses políticos”. La contradicción en el alegato de la propia Fiscalía es igualmente evidente, ya que habla de que los indultos solo deben reservarse para “circunstancias muy especiales de justicia, equidad o utilidad pública” que, a su entender, no se dan en este caso. E inciden en ello justo cuando echar mano de esta herramienta contribuiría a la desescalada del conflicto político en Catalunya. Es por ello que a Marlaska se le entendió todo: “A mí los informes dentro del ámbito judicial me gusta que sean técnico-jurídicos, los de la Fiscalía también”.

Su compañero Juan Carlos Campo, ministro de Justicia, recordó por su parte que “desde el primer día” que llegó al Ministerio dijo que no se iba a pronunciar sobre ningún proceso abierto, por lo que no entró a valorar el informe de la Fiscalía. Pero aseguró que desde su departamento “hizo lo que tenía que hacer, que es poner en marcha unos indultos de conformidad con la Ley que regula el derecho de gracia”. Así, precisó que el Tribunal solicita distintos informes y que esta vez tocaba el de los fiscales que intervinieron en el asunto. “Cada uno tendrá su valoración, pero el ministro de Justicia lo único que dice es que se ha cumplido un trámite procesal”. Será él quien lleve luego al Consejo de Ministros la valoración de todos los escritos, “que son muy amplios”, por lo que “no sería lógico” que hiciera una disertación de éste en concreto. En paralelo, está en marcha la reforma del Código Penal para actualizar las penas del delito de sedición al ordenamiento europeo, lo que supondría un beneficio penitenciario a los presos soberanistas que, en cualquier caso, no estará listo antes del 14-F, fecha de las elecciones catalanas.

En este escenario, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, aún encarcelada, consideró que la Fiscalía “está muy politizada” y, sobre la posibilidad de que el Gobierno apruebe su indulto, afirma que lo aceptaría, si bien ella, como el resto del mundo independentista, sigue defendiendo una amnistía. La expresidenta de la ANC se siente víctima “de una injusticia” después de haberse limitado simplemente a a defender “la libertad de expresión y la soberanía del Parlament”. “Esos informes de la Fiscalía me parecen más “políticos” y no “técnicos”, reiteró.

Desde el polo constitucionalista, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, al igual que su partido, el PP, defendió el “enorme rigor” de los fiscales. “Decir que actúan con criterios políticos... Si el ministro ha dicho eso, estoy convencido de que lo va a rectificar en los próximos minutos”, apuntó. A su juicio, los fiscales “usan el ordenamiento jurídico español y el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley”.

“Cada uno tendrá su valoración, yo solo puedo decir que se ha cumplido un trámite procesal”

Ministro de Justicia