- Las comunidades autónomas deberán informar, con carácter mensual, al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que dirige el vicepresidente y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, sobre las medidas sociales adoptadas en los casos de suspensión de desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional. Estos informes mensuales deberán especificar “las comunicaciones recibidas, los informes emitidos, el plazo de emisión de estos y las medidas sociales adoptadas”, para lo cual Iglesias aprobará por orden ministerial un “modelo” de transmisión de esa información, según el “real decreto ley de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes” que publica el Boletín Oficial del Estado.

Esta petición de información, que de alguna manera refuerza el control sobre las comunidades y fiscaliza su labor, se produce también a propósito de un debate estratégico para Iglesias y en el que quiere marcar todo el perfil posible. Ha mantenido hasta el último minuto un pulso político con sus aliados en el Gobierno español, los socialistas, sobre el contenido del decreto para suspender los desahucios. En paralelo, partidos como el PNV le han recriminado en anteriores ocasiones su tendencia a aplicar con carácter homogéneo sus medidas sociales en todo el Estado, como sucedió en un primer momento de indefinición sobre el Ingreso Mínimo Vital y su encaje con la Renta de Garantía de Ingresos vasca.

El objetivo de Iglesias es “conocer y evaluar la eficacia de las medidas propuestas por los servicios sociales para atender las situaciones de vulnerabilidad” de los desahuciados. Desde que los servicios sociales reciben del juzgado la documentación del caso, disponen de diez días para valorar la situación de vulnerabilidad del arrendatario y, en su caso, también del arrendador, e identificar las medidas a aplicar por la administración competente.

En otra disposición adicional, el decreto ley que suspende los desahucios durante el estado de alarma establece que en el plazo máximo de un mes el Gobierno español aprobará las medidas necesarias para que las comunidades autónomas puedan utilizar los recursos del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, a fin de hacer frente a las compensaciones que podrán reclamar los propietarios de viviendas afectados.