- La Xunta de Galicia presentó ayer las bases para el plan de usos del Pazo de Meirás, que contemplan un plan museológico, un centro de creación cultural, así como de emprendimiento e investigación para el fomento de la igualdad, y un jardín de la libertad destinado a la memoria a modo de recuerdo y reparación de los represaliados por el franquismo. Un día después de que el pazo pasara a ser patrimonio público con la entrega simbólica de sus llaves, el conselleiro de Cultura, Educación y Universidad, Román Rodríguez, presentó las bases que pivotarán sobre la figura de Emilia Pardo Bazán y la memoria democrática tras el franquismo, si bien aclaró que primará la primera, propietaria originaria del Pazo de Meirás, “sin olvidar a Franco”. “Debemos apostar y profundizar por Doña Emilia”, resumió, porque “a Galicia y al futuro nos interesa más hablar de las Torres de doña Emilia que hablar del pazo de Franco”. El Estado es ahora custodio del pazo que “partió de Galicia y creemos necesario que vuelva a manos de los gallegos”, pidió el conselleiro de Cultura, Educación y Universidad.
También ayer, el ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, abogó por dar al Pazo de Meirás un uso de tipo cultural y de memoria, ya que se trata de un lugar con un valor de recuperación para la democracia. Rodríguez Uribes aseguró que la recuperación del emblemático pazo afecta “al continente y al contenido, que están vinculados”, y la voluntad del Gobierno es “recuperar un bien que es de todos los españoles” y que “fue un expolio” de la familia Franco.
El ministro explicó que todas las cuestiones sobre el contenido se dirimirán conforme a derecho y “con garantías”, y la familia del dictador “podrá plantear” todas las reclamaciones que quiera por esa vía. El Pazo de Meirás contiene entre otros objetos de valor la biblioteca de Emilia Pardo Bazán y bienes de Patrimonio Nacional que forman parte de las Colecciones Reales y que están documentados. Por su parte, el abogado de la familia Franco reclamó un acuerdo para que los bienes se queden a cambio de un “precio razonable”, lo que el gabinete de Pedro Sánchez rechaza.
