- Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, PNV, Junts, PDeCAT, Más País, Compromís, CUP y BNG registraron ayer conjuntamente una proposición no de ley (PNL) que insta a poner fin a la "imposición legal exclusiva del castellano en la normativa estatal" y que se permita el uso de las diferentes lenguas oficiales del Estado en las instituciones con independencia de la ubicación de las mismas.
Entre estas instituciones se citan las Cortes Generales (Congreso y Senado), así como en el Tribunal Constitucional, el Supremo y la Audiencia Nacional, la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y empresas públicas como Radio Televisión Española.
La iniciativa parlamentaria para su debate en el Pleno del Congreso también exige que se garantice el deber de conocer la lengua propia de los funcionarios que presten servicio en dichos territorios. Además, estas formaciones reclaman que se apoyen las reformas estatutarias para que se reconozca la oficialidad de las lenguas propias del Estado.
Los diez grupos firmantes de la iniciativa explican en su PNL que el Estado español debe cumplir con los acuerdos internacionales que ha ratificado, como la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritaria, así como la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos o el Protocolo para la Garantía de los Derechos Lingüísticos.
En esta línea, exhortan al Congreso para que se garantice la diversidad lingüística y el pluralismo, dado que el Estado "debe ser excluyente con todas las discriminaciones, sea cual sea su razón, también la lingüística".
"Este Estado, que parte de una tradición monolingüe en la administración central, debe ser consciente de la situación de discriminación a la que han sido sometidos los habitantes de estas lenguas y generar políticas activas de la recuperación de su dignidad y autoestima que permitan el ejercicio efectivo de sus derechos lingüísticos", razona la proposición.
Por tanto, estas formaciones demandan que se inicien todas las acciones pertinentes para que las lenguas propias distintas al castellano "gocen del mismo reconocimiento", y sus habitantes "de los mismos derechos y deberes que reconocen al castellano".
Así, reclaman que se garantice el "deber de conocimiento por parte del funcionariado que presten servicios en territorios con lengua propia, así como las medidas adecuadas para extender el conocimiento generalizado de las lenguas de los respectivos territorios".
"El Estado debe ser excluyente con todas las discriminaciones, sea cual sea su razón"
Diez grupos del Congreso
