- El cerco sobre Juan Carlos I se estrecha. Su exilio en Abu Dabi, lejos de amansar las revueltas aguas en la Casa Real española, ha disparado el reguero de investigaciones sobre sus actuaciones hasta el punto de descubrirse, en el último de los capítulos sobre su persona, que tiene unos 10 millones de euros en una cuenta activa en la isla de Jersey, que además habría intentado mover recientemente en ese paraíso fiscal. Fue el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) quien trasladó una alerta a Anticorrupción tras dar con una fortuna oculta del monarca, de forma que unas nuevas diligencias de la Fiscalía investigarán la existencia de un trust en el que figura el padre del actual rey Felipe VI como beneficiario y que se nutre de fondos de otro vehículo financiero similar en las Islas del Canal constituido en la década de los años 90. Una nueva fortuna que fue trasvasada en 2005 al citado trust.

Esta alerta derivó en una tercera investigación relativa al emérito, que se encuentra en estado "muy embrionario" y de la que se ocupará, al igual que las dos anteriores, la Fiscalía del Tribunal Supremo con la colaboración del fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón. Las pesquisas, según indicó la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, aún deben ser incoadas formalmente. Esta operación de indagación se une a las otras dos ya abiertas a Juan Carlos de Borbón, la primera por posibles comisiones procedentes del AVE a la Meca y que previsiblemente será archivada por no encontrarse indicios que se puedan perseguir respecto de este aforado, en tanto que aún gozaba de inviolabilidad pero no por la gravedad de sus hechos, de la que se dejará constancia en un duro informe judicial.

Aparte del este caso, cuyo archivo se prevé para antes de final de año, el que sigue abierto y está muy avanzado es el segundo expediente, en palabras de Delgado, que se incoó en diciembre del año pasado y versa sobre los gastos del emérito y otros miembros de su familia, entre ellos su esposa Sofía y varios de sus nietos, con fondos no declarados a la Agencia Tributaria durante los años 2016, 2017 y 2018. Gastos que se podrían haber pagado con tarjetas opacas que, curiosamente, no consta que hayan sido usadas por los actuales monarcas, Felipe VI y Letizia Ortiz. El punto clave es saber si esos supuestos ilícitos fueron cometidos antes o después de su abdicación en 2014, ya que a partir de ese año no está protegido por la inviolabilidad que le otorgaba la Constitución.

Luzón se incorpora a la investigación bajo la dirección del fiscal jefe de lo Penal Juan Ignacio Campos, que también está al acecho del supuesto cobro de comisiones cuando aún Juan Carlos I era rey, en el proceso de adjudicación a empresas españolas de la construcción del AVE a La Meca, y de si de esa cuantía siguió beneficiándose tras dejar la Corona. Fue Corinna quien habló de esta mordida al comisario Villarejo en una de sus conversaciones grabadas en 2015. Según ella, la cuantía habría ascendido a 80 millones de euros. Estas investigaciones están al margen de la abierta por el fiscal Yves Bertossa en Suiza en busca de un presunto delito de blanqueo de capitales iniciada tras conocer una donación en 2012 de 65 millones recibida por Corinna desde una cuenta suiza vinculada a la fundación panameña Lucum, presuntamente creada en 2008 para recibir un regalo del rey de Arabia Saudí que acabó siendo un regalo para la empresaria alemana.

Fue después de que se conociera la existencia de Lucum, donde Felipe VI figuró como segundo beneficiario y cuarto de la fundación Zagatka que pagó varios millones de euros en vuelos privados al emérito, cuando la Casa Real anunció que el actual rey renunciaba a la herencia de su padre y le retiraba la asignación anual.

Pagan una misma factura. También se ha conocido que dos testaferros del rey emérito, su primo Álvaro de Orleans y el empresario mexicano Sanginés-Krause, pagaron por error la misma factura del monarca en un hotel de lujo de Londres. Así lo publica El Confidencial, que detalla a través de unos correos electrónicos a los que ha tenido acceso que la reserva no estaba hecha a nombre de Juan Carlos I, sino de Vicente García Mochales, el jefe de seguridad de Zarzuela durante dos décadas. Con este movimiento pretendían ocultar la identidad del rey. Estos hechos ocurrieron en el año 2015.