- Ante la frustración que genera al Estado la imposibilidad de extraditar a Carles Puigdemont tras las sucesivas derrotas en los tribunales europeos, la Justicia española ha optado ahora por poner el foco en el entorno del expresident y ayer la Guardia Civil, a instancias del titular de un juzgado de instrucción de Barcelona, arrestó a 21 personas acusadas, entre otros delitos, de desvío de fondos públicos y de conspirar con el Gobierno ruso en una supuesta “estrategia de desestabilización” de la Unión Europea que incluiría una propuesta de Vladimir Putin para enviar 10.000 soldados a Catalunya en 2017.

Tres de los detenidos son caras conocidas en la vida pública catalana. Se trata del exconseller de ERC Xavier Vendrell, el empresario y editor Oriol Soler, y el exdirigente de CDC David Madí. El conjunto de los arrestados, entre los que también figuran el historiador Josep Lluís Alay, jefe de la oficina de Carles Puigdemont; y el ex cónsul honorario de Letonia en Barcelona y presidente de la Plataforma pro Selecciones Catalanas, Xavier Vinyals, están acusados de los delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y blanqueo de capitales.

De esta forma, la operación Volhov de la Guardia Civil, dirigida por el titular del Jugado de instrucción 1 de Barcelona, investigaría en un principio una supuesta trama de desvío de fondos públicos de la Diputación de Barcelona y la Plataforma pro Selecciones Catalanas, que tendría como destino financiar los gastos de Carles Puigdemont en Waterloo.

Pero, más allá de estas acusaciones de malversación de caudales públicos, el magistrado de instrucción se enzarza en su auto en un sinfín de acusaciones poco sustentadas y basadas en elucubraciones e interpretaciones de escuchas telefónicas, que involucrarían a varios de los detenidos en una suerte de conspiración con el presidente ruso Vladimir Putin, en la que también estarían implicados Julian Assange y Edward Snowden, y que tendría como objetivo “desestabilizar” las instituciones de la UE.

De esta forma, el juez asegura en su auto que Oriol Soler se entrevistó en noviembre de 2017 en la embajada de Ecuador en Londres con Julian Assange, el activista responsable de Wikileaks, en una reunión que a su juicio se enmarca en la “estrategia de desinformación en la que también habría participado el Gobierno del Kremlin como parte de su narrativa general sobre una Unión Europea al borde del colapso”. El magistrado habla incluso de una “estrategia coordinada de comunicación” que el empresario catalán y el activista sueco activaron con motivo del 1-O y que “respondió a la combinación de diferentes instrumentos: uso de redes sociales, tuits de Julian Assange y Eduard Snowden, y las fábricas de la web con respecto a los medios de comunicación rusos Sputnik y Russia Today”.

Pero lo más llamativo del auto es un supuesto plan de envío de soldados rusos a Catalunya en el marco de los sucesos de otoño de hace tres años. “Rusia habría ofrecido apoyo a Carles Puigdemont hasta el punto de haber trasladado a Catalunya a 10.000 soldados. De haber aceptado, probablemente los acontecimientos habrían sido trágicos y habrían desencadenado un conflicto armado con el Estado con un incierto numero de víctimas mortales”, elucubra el juez en la instrucción. El instructor sospecha también que Putin habría ofrecido pagar la deuda catalana y que el objetivo del Gobierno ruso era “hacer de Catalunya un país como Suiza”.

Las reacciones en el seno del independentismo a la operación de la Guardia Civil no se hicieron esperar, y formaciones y entidades soberanistas coincidieron en calificar de montaje la causa judicial y denunciaron que es otra muestra de que “la represión no tiene freno”. Según recogieron en un manifiesto unitario leído en la plaza Sant Jaume de Barcelona, “la represión tiene múltiples caras, pero siempre con un mismo objetivo: limitar los derechos fundamentales de la ciudadanía y utilizar el miedo para perseguir a la disidencia política”.

Por su parte, el president inhabilitado Quim Torra ironizó con que el Estado decide “dialogar en forma de represión” y calificó la operación de “una de las más grandes aberraciones que se han vivido” en Catalunya.

En otro orden de cosas, la Fiscalía de la Audiencia Nacional anunció ayer que no presentará recurso contra la sentencia que absolvió al antiguo jefe de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, y a otros ex altos cargos del cuerpo policial por el papel que jugaron durante el referéndum de octubre de 2017.

“El tribunal ha valorado las pruebas practicadas de acuerdo a su conciencia y leal saber y entender, y lo ha fundamentado de una manera clara y precisa en cada uno de los puntos objeto de debate”, reconoce la Fiscalía en un comunicado.