oy se cumplen 41 años del referéndum en el que la Comunidad Autónoma Vasca votó sobre el Estatuto de Gernika. En la consulta, a la que desde la izquierda abertzale se llamó a la "abstención activa", participó el 58,85% del censo electoral, que votó de forma mayoritaria a favor de la norma estatutaria con un 90,27% de síes. El pasado 14 de octubre, el Gobierno español remitió un nuevo calendario para completar el Estatuto de Gernika, con el traspaso de 30 competencias por el que, de acuerdo a la propuesta, que ha sido acogida con buenos ojos por el Ejecutivo vasco, se espera cerrar en marzo de 2021 la transferencia de prisiones y concluir en mayo de 2022 los estudios para el examen de materias relacionadas con la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. Este calendario ponía nuevas fechas a unos traspasos que se vieron demorados tanto por la crisis de la pandemia de covid-19 como por las citas electorales en la comunidad autónoma.

De este modo, si se cumple este nuevo calendario, el Estatuto de Gernika estaría completado en 2022, cuarenta y tres años después de su refrendo popular. Y tal como señaló el vicelehendakari primero, Josu Erkoreka, "una vez cerrado el Estatuto, será momento de abordar otros escenarios como el nuevo estatus".

Este diario ha pulsado la opinión de dos figuras emblemáticas de la política vasca, el nacionalista José Antonio Ardanza, lehendakari ni más ni menos que durante 14 años (1985-1999), y el socialista Jesús Eguiguren, expresidente del Parlamento Vasco y expresidente del PSE. A los dos se les ha planteado el porqué del retraso en la culminación del Estatuto y, mirando a futuro, su opinión sobre el nuevo estatus.

El lehendakari Ardanza tiene claras las razones por las que, 41 años después, sigue sin cumplirse en su integridad el Estatuto. "Empecé a sospechar de la tardanza en cumplir el Estatuto después de las experiencias que tuve a raíz del acuerdo de Ajuria Enea. Entonces tomamos como base fundamental para lograr la pacificación y la normalización el pleno y leal desarrollo del Estatuto con el espíritu que lo infundió. Queríamos volver al espíritu de los años 78 y 79 cuando se aprobó el Estatuto. Y así se recogió en el acuerdo de Ajuria Enea para superar los continuos enfrentamientos que teníamos entre el PNV y el PSE-PSOE sobre el cumplimiento del Estatuto", señala.

Ardanza asegura que fue otro ilustre político, el ya fallecido Txiki Benegas, quien le dio la clave de lo que sucedía con la norma estatutaria. "Cuando discutíamos, Txiki Benegas me solía decir: Eso que habéis dicho es una interpretación nacionalista. Me harté tanto de aquel argumento que le recordé a Benegas que cuando se aprobó el Estatuto todos los partidos teníamos claro que era necesaria aquella norma. Al final, Benegas me reconoció que mientras los nacionalistas no renunciáramos a nuestra vocación independentista, el Estatuto se iría alargando indefinidamente en su desarrollo. A la vista de aquella postura de Benegas, tuve clarísimo que no iba a haber un pleno y leal desarrollo del Estatuto mientras no le conviniera al Gobierno de turno en Madrid", asegura.

Ante las divergencias entre nacionalistas y socialistas, se trasladó al Parlamento Vasco el escenario de la confrontación política. "Nos comprometimos a que fuera en el Parlamento Vasco donde se debatiría cada uno de los contenidos competenciales y transferenciables del Estatuto. De ahí surgió el Informe Zubia -un trabajo elaborado por el senador jeltzale Joseba Zubia donde se enumeraban las competencias recogidas en el Estatuto que el Estado no habría cedido al Gobierno autonómico-. Por fin, en octubre de 1995, se pasó al pleno, donde se aprobó la interpretación del desarrollo estatutario. La respuesta del Gobierno de Madrid, entonces liderado por Felipe González, fue que un gobierno regional no iba a condicionar la política del Estado".

Ante el anuncio del nuevo calendario para completar la transferencia de las competencias, José Antonio Ardanza navega entre la satisfacción y el escepticismo. "Ahora que anuncian un nuevo calendario digo: Muy bien. Lo que no hemos hecho en 41 años, lo vamos a culminar ahora en dos años. Pues muy bien. Lo cierto es que ahora, por primera vez, el Gobierno central está reconociendo que una ley básica como es el Estatuto de Gernika está pendiente de ser cumplida, Y cuando hablo del Gobierno central, me da igual que sea del PSOE o el PP", asevera.

¿Y después qué? ¿Un nuevo estatus? Para el lehendakari Ardanza es una quimera pensar en la facilidad de llegar a acuerdos, tanto con España como en la misma Euskadi. A su juicio, Urkullu ha acertado al remitir esta cuestión al Parlamento y que sean los partidos los que discutan y se pongan de acuerdo. "Cualquier postura que mandase el Gobierno iba a ser automáticamente rechazada, tanto por un lado como por otro. Bildu diría que es una bajada de pantalones del PNV ante los socialistas, y PP y Vox dirían que es una bajada de pantalones del PSE ante el nacionalismo. Por eso me parece bien que sea el Parlamento el emplazado a cerrar el Estatuto y vaya discutiendo un nuevo estatuto o nuevo estatus", dice.

Un nuevo estatus que, a su juicio, necesitaría un fuerte respaldo social. "Democráticamente, con el 50% más uno de los votos sería suficiente. Pero si para otras cuestiones se reclaman mayorías fortalecidas de tres quintos o dos tercios, se requeriría una mayoría refrendatoria realmente importante. Lo que ocurre es que esas mayorías hoy en día resultarían engañosas. Entre PNV y PSE tendrían mayoría absoluta parlamentaria, pero a partir de ese momento el PSE sufriría todos los ataques por parte de PP, Ciudadanos y Vox, y el PNV, por su parte, tendría que afrontar todas las acometidas de Bildu, Sortu o como se llame ahora ese mundo", asegura.

Y tras las divergencias que está dejando la pandemia sobre en quién recae las decisiones, el Gobierno en Madrid o el de las comunidades, Ardanza cree que habría que regular la cuestión. "La experiencia acumulada de estos 41 años nos permite ir atajando en muchas cuestiones. Por ejemplo, leyes orgánicas que han salido después y han ido alterando el Estatuto habrá que ir acotándolas. Además, habrá que regular que no se puede estar con un nuevo estatus 40 años sin cumplirse. Es un desprestigio. Otra cosa es recoger cuestiones no previsibles como en este caso la pandemia o que China nos declarase la guerra. Son hechos no previsibles. Por eso, lo que hace falta es establecer mecanismos para ir reaccionando ante los casos extremos y no imprevistos. Pero es algo que no me preocupa; lo que me preocupa es que lo previsto, acordado y estipulado, sí se cumpla", asegura.

El expresidente del PSE Jesús Eguiguren resta importancia a que no se haya a cerrado el Estatuto. "A tenor del nuevo calendario, serán necesarios 43 años para cumplirse la totalidad del Estatuto, pero digamos que el núcleo duro del mismo se ha cumplido mucho antes. Todo lo referente al gobierno, educación o cultura, por ejemplo. Digamos que lo que es el grueso de la autonomía se cumplió hace tiempo. Han quedado flecos y algunas competencias pendientes porque debían tener cierta complejidad técnica, pero esas transferencias no han lastrado la enorme capacidad autonómica que hemos tenido", afirma el socialista.

A la hora de buscar las razones de ese retraso, Eguiguren habla de diversos factores. "En temas como la política penitenciaria, ha influido la existencia de ETA, indudablemente. En otras cuestiones, como la Seguridad Social, está claro que ha habido diferentes interpretaciones sobre lo que señala Estatuto. Y en algunas transferencias menores, sí que han sido cuestiones técnicas. Pero quiero insistir en que el grueso del Estatuto está ya cumplido", señala.

Sobre los siguientes pasos a dar, Jesús Eguiguren asegura que hay confusión entre un nuevo Estatuto y el nuevo estatus. "Desde el Gobierno y desde el Parlamento unas veces se habla de la reforma del Estatuto, y otras veces se incide en un nuevo estatus, y creo que son dos cosas diferentes. La reforma del Estatuto tiene su lógica porque, después de tantos años de funcionamiento, han surgido problemas de competencia de todo tipo. Parece razonable reformar el Estatuto para adecuarlo a la realidad. Sin embargo, el cambio de estatus es algo que no está claro. El sistema autonómico deriva de la Constitución y, hoy por hoy, la Carta Magna no contempla otros estatus diferentes al autonómico. No depende de una comunidad autónoma. El cambio de estatus depende también del Estado, y no sé qué otro estatus se puede dar", aclara.

Quien fuera presidente del Parlamento Vasco afirma que hay formas diferentes de abordar el encaje de Euskadi en el Estado. "Lo que se ha hablado del Estado Federal presenta problemas, y un Estado confederal no tiene cabida en la Constitución. Hace referencia a cuando dos partes que están separadas se juntan, no al contrario, que dos que están juntas se separen. ¿A qué se refieren entonces cuando hablan de nuevo estatus? Quizá sea a una mayor bilateralidad, pero sabiendo siempre que hay límites y que no va a haber ni autodeterminación ni cosas de esas. Además, en el caso vasco, el federalismo tampoco resolvería la cuestión. El federalismo implica una cierta igualdad entre las distintas federaciones, y Euskadi representa una autonomía con cierta singularidad, con contenidos que otras comunidades no tienen", afirma.

Lo que tiene claro Eguiguren es que la pandemia ha puesto sobre la mesa la problemática de la territorialidad: "Lo que ha puesto en evidencia la crisis de la pandemia es que en los estados descentralizados ha habido falta de instrumentos por parte del Gobierno central. Resulta evidente la necesidad de introducir elementos de cooperación en el Estado autonómico y clarificar las competencias".

En todo caso, señala que cualquier nuevo sistema necesitaría respaldo. "Un nuevo Estatuto necesitaría más respaldo que el actual y, por lo que respecta a un nuevo estatus, el problema es que no contaría, por ejemplo, con el visto bueno del Partido Socialista. No sé entonces qué mayoría se necesitaría, pero está claro que puede haber una ruptura social" señala.

"En política hay que ser realistas. España es un Estado, tiene una Constitución y el Estatuto es algo previsto en la Constitución. Todo lo que sea necesario conjugar, debe tener el amparo de la Carta Magna", asevera el socialista.

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Lehendakari (1985-1999)