- Hasta la fecha se han recibido más de 300 solicitudes sobre casos de violencia policial ilícita entre 1978 y 1999 para obtener el reconocimiento y, en su caso, una indemnización del Gobierno Vasco. Pero desde el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales esperan que sean más, porque queda más de un año de plazo para poder presentar estas peticiones, hasta el 21 de diciembre del año próximo; y por el impulso que la reciente sentencia del Tribunal Constitucional contra un recurso del PP ha dado a la Ley 12/2016, de 28 de julio, en que se basa esta iniciativa de reparación.

La propia consejera Beatriz Artolazabal aseguró al respecto que “este nuevo fallo legitima y garantiza el trabajo iniciado en la comisión de valoración”. Este órgano, formado por expertos para analizar los testimonios, ha entrevistado hasta ahora a 18 solicitantes y se espera que a finales de mes haga lo propio con otras 20 personas. De este modo, las primeras resoluciones de reconocimiento podrían llegar antes del final de este año.

Artolazabal agregaba que “el objetivo es reconocer a estas víctimas sin reparar a pesar de las décadas transcurridas desde que fueron victimizadas. Tras esta sentencia, con el trabajo de la comisión y del Gobierno Vasco, van a poder ver reparada en parte la injusticia vivida”. “Va a ser un trabajo arduo y meticuloso que nos llevará toda esta legislatura”, apostilló.

El fallo del Constitucional contra el recurso del PP, conocido el pasado 29 de septiembre, siguió a uno anterior contra otro recurso de Ciudadanos y es tan contundente que deja el camino expedito al gabinete de Iñigo Urkullu, que ha dado velocidad de crucero a los trabajos de la comisión de valoración. La sentencia aseguraba básicamente que este proceso es administrativo y no penal, y que no busca indagar en los hechos o señalar a culpables sino ofrecer reparación a las víctimas.

La Ley de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en la CAV entre 1978 y 1999, como se denomina oficialmente, llega tras el Decreto 107/2012 que hizo lo propio con las del periodo 1960-1978. Un total de 239 solicitudes se presentaron a la anterior comisión, de las que 187 se resolvieron con el reconocimiento de la condición de víctimas.

De esos 187 casos, el 61% obtuvieron finalmente una indemnización. Sobre el resto, el Gobierno Vasco ha subrayado la necesidad de realizar cambios en el marco legal para hacer una evaluación menos restrictiva y ampliar así las ayudas.