- Aunque son muchos los barones autonómicos del PP que no comparten la decisión del Gobierno de Madrid liderado por Díaz Ayuso de llevar a los tribunales las medidas restrictivas decretadas por el Ministerio de Sanidad, lo cierto es que el PP ha encontrado en esta crisis sanitaria el ariete perfecto para erosionar al Ejecutivo de Sánchez. Y la primera medida de ese acoso y derribo se anunció ayer. El PP adelantó que pedirá la comparecencia urgente del ministro de Sanidad, Salvador Illa, en el Congreso de los Diputados, para que explique la imposición de restricciones dictadas para Madrid. El anuncio se produjo en el primer día de vigencia de las normas para cerrar el perímetro en diez localidades, que entraron en vigor en la noche del viernes.

Según informó Ana Beltrán, vicesecretaria de Organización de la formación de Génova, en una rueda de prensa en Baleares, “el PP pedirá la comparecencia urgente en el Congreso del ministro Illa para que explique las imposiciones en la Comunidad de Madrid”. “No tiene sentido que mientras Sánchez alentaba movilizaciones contra Díaz Ayuso por restricciones en determinados lugares de Madrid, ahora exija que las aplique en toda la comunidad”. En esta línea, Beltrán aseguró que “no se entiende, no creemos que esta decisión se deba a motivos científicos, porque no existe el comité científico, tampoco el que decía que gestionaba la desescalada”.

Asimismo, hizo hincapié en que “nos parece absolutamente injusto el confinamiento de Madrid porque es por motivos políticos”. “No se puede consentir que se ataque de esta forma al corazón económico de todo un país”, añadió.

Por su parte, el alcalde de Madrid y portavoz del PP, José Luis Martínez-Almeida, acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de utilizar “el ordeno y mando”, en lugar de la vía del “diálogo” con la Comunidad de Madrid. Almeida se preguntó por qué se produce esta “intervención” en la comunidad, que sumió a la ciudad de Madrid “en una situación de caos”, “cuando los números de contagios estaban bajando”.

Por otro lado, la Audiencia Nacional admitió ayer a trámite el recurso contencioso-administrativo de la Comunidad de Madrid contra la orden del Ministerio de Sanidad que recoge las nuevas restricciones de movilidad por el virus. Los jueces conceden ahora un plazo de diez días hábiles a la Abogacía del Estado para que se pronuncie sobre las medidas cautelares, lo que implica que, si esta agota el plazo, podría contestar el 20 de octubre y la Sala resolvería a continuación. En su recurso, la Comunidad de Madrid considera que la orden del Gobierno supone “una agresión a las competencias”. Más dudas que incidentes marcaron ayer las primeras 24 horas de nuevas limitaciones de movilidad para 4,8 millones de madrileños, unas medidas que pueden traducirse en una caída anual del 17 % del PIB, según el Gobierno autonómico. Las primeras horas de restricciones, pese al caos anunciado por Ayuso, transcurrieron con normalidad, “sin ninguna incidencia destacable en los diez municipios”.

Por otro lado, los presidentes de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo (PP); de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page (PSOE), y de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno (PP) defendieron ayer que las comunidades autónomas han respondido mejor en esta situación de crisis económica y social que la administración española, según dijeron en La Toja.

Sin incidencias. Según explicó ayer el consejero madrileño de Hacienda y Función Pública, Javier Fernández-Lasquetty, las primeras horas de restricciones en Madrid capital y otros nueve municipios de la Comunidad transcurrieron con “normalidad, sin ninguna incidencia destacable”. Un buen indicador son los establecimientos de hostelería, que cumplieron la norma y dejaron de admitir clientes a las 22:00 horas y cerraron a las 23:00. Además, el consejero de Hacienda aseguró que según le había trasladado Enrique Ruiz Escudero, responsable madrileño de Sanidad, los indicadores de la pandemia han empezado a mejorar “gracias al buen trabajo en los hospitales”.