- “La semana que viene comenzarán a tramitarse las peticiones de indulto” a los presos del procés. La frase, sin detalles específicos, del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, para responder a la pregunta parlamentaria de Laura Borràs (JxCat), no fue una réplica baladí. Fue un movimiento más desde Moncloa, unido a la inmediata reforma de los delitos de rebelión y sedición en el Código Penal, que se añade al contexto de la mesa de diálogo pendiente de concretar y a la necesidad del Gobierno de Pedro Sánchez para atraer a un sector del independentismo, ERC, hacia la aprobación de los Presupuestos. Cierto es que obedece a la iniciación de un proceso al que está obligado legalmente y que puede extenderse durante medio año, pero, además, con las elecciones catalanas en puertas, Moncloa sabe de la trascendencia, más personal que colectiva, del gesto.
De este modo se tramitarán las peticiones presentadas sobre la ex consellera de Treball, Dolors Bassa, por parte de UGT; sobre Carme Forcadell por parte de los tres ex presidentes del Parlament de Catalunya, Núria de Gispert, Ernest Benach y Joan Rigol, pero también sobre el resto de reclusos soberanistas a instancias del abogado catalán Francesc de Jufresa. Tanto la ex presidenta de la Cámara como Bassa son las únicas que se han expresado abiertamente a favor de acogerse al indulto, sobre todo esta última. “Si con un indulto podemos salir a la calle, por qué me tengo que quedar en prisión? Yo no quiero ser mártir, no soy Mandela”, afirmó Bassa hace escasas semanas. Y precisó: “Quiero la libertad, no para ir por la calle, sino para luchar por la República”.
Campo contestaba ayer a las acusaciones de judicialización de la política que le lanzó Borràs y, poco después, preguntado en La Sexta sobre si se trata de una medida encaminada a favorecer las Cuentas o a desinflamar el conflicto catalán, se explayó algo más y puntualizó que “el Gobierno ha demostrado que ve necesario un diálogo” y que “los problemas políticos deben solventarse con política”, pero que en este caso se trata de “una serie de derechos que tienen los condenados”. Eso sí, admitió que la revisión de los delitos de sedición y rebelión es “un compromiso” del Ejecutivo que se sustenta en el hecho de que estas figuras están desfasadas y que no corresponden con la actualidad.
El titular de Justicia tiró de prudencia en cuanto a los indultos porque se trata de un procedimiento personalizado que no durará menos de seis meses y que, en todo caso, pueden prorrogarse hasta ocho o diez meses. “Hay muchos trámites que cumplir”, dijo. Y ante las acusaciones del PP de Pablo Casado advirtiendo de que recurrirán esos indultos, al igual que harán desde la derecha Ciudadanos y Vox, recriminó que “negarse a cualquier diálogo” le parece “lamentable” y “negar el diálogo es negar la democracia”. Mucho más pesimista se mostró el mundo independentista, que reclama para los presos la amnistía y no el indulto en tanto que se considera que los dirigentes secesionistas no cometieron ningún delito.
El anunció cogió por sorpresa a Borràs, mostrando su desconfianza por lo farragoso del trámite, en el que habría que esperar a ver la opinión de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y los posibles recursos que podrían presentarse. Sin embargo, la amnistía sí que es un recurso político “que aparece al final de un proceso de negociación, y es ahí donde no vemos al Gobierno español, en la búsqueda de una solución política”, consideró la portavoz de JxCat. Desde ERC, la portavoz Marta Vilalta, descartó que esto sea un “gesto” del Gobierno español, sino que se trata de un trámite “que se tiene que hacer por la fuerza”. Desde Òmnium Cultural, el vicepresidente, Marcel Mauri, cree que “el indulto no sirve para nada, más allá de la solución personal de un represaliado”, por lo que exigió el derecho a la autodeterminación y una amnistía que englobe las casi 3.000 personas represaliadas”. La presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, no lo contempla como “una solución política para nada” y solo sería útil si fuera acompañado del referéndum. Los comunes sí creen que contribuirá a desescalar el conflicto. Es más, fue el vicepresidente segundo y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, quien organizó la tramitación de los indultos junto al ministro Campo.
Para que Justicia eleve una propuesta de resolución al Consejo de Ministros es imprescindible solicitar dos informes, que es lo que constituye el núcleo de la tramitación: uno a la fiscalía y otro al tribunal sentenciador, el Supremo, que para redactarlo recabará a su vez otro de Instituciones Penitenciarias. Estos informes son preceptivos, pero no vinculantes, aunque resultaría muy controvertido pronunciarse a favor de un indulto si ambos han sido contrarios. Una vez recabada toda esa información, el ministerio elabora su propuesta definitiva al Consejo de Ministros sobre “la justicia o conveniencia y forma de la concesión de la gracia” y se publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Su concesión es recurrible. La arcaica ley del indulto, de 1870, indica que es una medida de gracia del Gobierno, pero la jurisprudencia del Supremo precisa que eso no exime de que deba motivarse la concesión, aunque sea mínimamente. Una vez publicado en un real decreto en el BOE, la concesión puede recurrirse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal. Existen escasos antecedentes, como el caso en 2013 a un conductor kamikaze, que dividió al Supremo. Asimismo, el indulto puede ser total o parcial. En el primer caso, se perdona toda la pena que aún no se haya cumplido. En el segundo, el más frecuente, se suele bajar la condena hasta la cifra de dos años de prisión, que ya permite la puesta en libertad. También la pena de inhabilitación impuesta en el juicio del 1-O puede ser indultada, lo que les permitiría volver a ocupar cargos públicos.
