Empleo, protección social y autogobierno, ejes interdependientes

Los efectos de la pandemia condicionan la legislatura

El nuevo Gobierno de Urkullu arrancará el desafío de la reactivación económica en el impredecible contexto de contención del virus  

30.08.2020 | 01:41
Iñigo Urkullu interviene desde la tribuna del Parlamento Vasco en una de las sesiones de la pasada legislatura. Foto: Jorge Muñoz

vitoria – Una vez sea investido de nuevo lehendakari el próximo jueves, Iñigo Urkullu y su gabinete emprenderán una legislatura marcada por las consecuencias de la crisis sanitaria y que se fundamentará, según los socios de gobierno, PNV y PSE, en la reactivación económica y el diálogo. Varios son los retos inmediatos y los frentes abiertos, en buena parte provocados por la pandemia y que atañen a diferentes sectores, principalmente el socioeconómico, que esta vez le gana terreno a aspectos más identitarios, aunque ambas vertientes sean en algunos puntos interdependientes. De entrada, el Gobierno Vasco tendrá que encarar el escenario de la apertura del curso escolar que tanta preocupación está generando en las familias y, por otro lado, buscar herramientas a corto plazo para luchar contra el desempleo, al margen de pelear con el Ejecutivo español para ensanchar los límites de deuda y déficit que permitan cubrir la pérdida de ingresos por la caída de la recaudación de impuestos. En septiembre se reunirá la Comisión Mixta del Concierto Económico. De momento, se han acordado las metas para este año, del 2,6% de déficit frente al 0% previsto inicialmente, y del 15,9% de deuda. En paralelo, Lakua quiere encauzar la financiación de 50 proyectos a cargo de los fondos europeos con Madrid, y tiene pendiente una reunión para reajustar el calendario de transferencias, y es que la siguiente remesa, que incluye las prisiones, debería abordarse el mes que está a punto de estrenarse.

Fortalecer la industria

Con sectores como el comercio, la hostelería, el turismo, la cultura o los autónomos, en general, absolutamente diezmados, urge una desfibrilación económica con su consiguiente financiación, y que obligará a una interlocución fluida entre las instituciones para armonizar medidas fiscales, planes municipales y políticas de estímulo de carácter autonómico. Retornar a la situación anterior al covid-19 va a suponer un esfuerzo ímprobo si contamos con que el PIB caerá un 8,7% y la recaudación un 18% –2.400 millones–. El fortalecimiento del tejido empresarial se perfila prioritario porque se antoja difícil acercarse a la previsión del Plan de Industria 2017-2020, que marcaba como fin llegar al 25% del PIB vasco en cuanto a peso de la industria, que hace dos décadas era del 31% y que la crisis de 2008 redujo al 24%. La apuesta tecnológica, la facilitación de línea de crédito y la rauda transferencia de patentes desde los centros tecnológicos a las empresas parecen claves. Habrá qué ver cómo incide en la recuperación de puestos de trabajo. Desde mediados de marzo, más de 27.000 personas se han registrado como desempleados en las oficinas de Lanbide y otras 69.000 permanecen afectadas por ERTE. Situar la tasa de paro por debajo del 10% es el gran empeño de Urkullu desde la precampaña electoral. El mercado demanda nuevos perfiles laborales en un horizonte incierto. El empleo verde, el sector de la dependencia y las nuevas tecnologías son áreas donde incidir mediante la recuperación del talento emigrado o la facilitación de la transición digital. El alcance y las aristas del teletrabajo estará en el punto de mira, y, aún por encima de todo ello, la erradicación de la precariedad en el empleo femenino y joven. Por su parte, la transición ecológica afecta especialmente al sector de la automoción. Además, queda pendiente la aprobación de leyes como la de Protección de la Naturaleza, la de Cambio Climático o la de Administración Ambiental.

Prioridad sanitaria

Desbocados mucho antes de lo previsto los números de contagios en la CAV por los rebrotes y pese a que el colapso no ha llegado a los hospitales, el control de la expansión del virus marcará a diario la agenda del Gobierno y, sobre todo, de Osakidetza si lo peor de la segunda ola está aún por venir. La consejera de Salud, Nekane Murga, se ha caracterizado por sus sucesivas llamadas a la responsabilidad, sobre todo en cuanto al desarrollo de actividades de ocio y familiares, y habrá que ver si en esta ocasión todos los profesionales sanitarios dispondrían de equipos de protección suficiente, y si UCIs y plantas hospitalarias contarían con el equipamiento necesario. Este otoño tocará estar ojo avizor en la manera de conjugar el coronavirus con la gripe para evitar coinfecciones. Una Sanidad vasca que además tiene que seguir atendiendo al creciente colectivo de pacientes crónicos u oncológicos. El otro frente del departamento estará en la OPE 2016-2017 de Osakidetza. El juzgado de Instrucción número 2 de Gasteiz investiga el presunto fraude en 13 especialidades médicas en esa oposición. Además, tocará reforzar con profesionales y medios la Atención Primaria, maniatada por el devastador covid. Qué decir de la imperiosa necesidad de prevenir contagios intrahospitalarios y en las residencias, otra vez uno de los mayores focos de penetración del virus, y de seguir practicando pruebas de detección.

Políticas sociales

Las personas dependientes deberán liderar la lista de prioridades en el actual contexto, con la obligación de invertir en su cuidado. Asimismo, está pendiente la reforma de la RGI y de Lanbide, que deberá adaptarse a las consecuencias económicas y tener en cuenta la implantación del ingreso mínimo vital, además de atender a necesidades previas como las de las familias monoparentales, las viudas, los inmigrantes precarios o la infancia más vulnerable. Los efectos del Ingreso Mínimo Vital serán muy limitados en Euskadi al disponer ya de una Renta de Garantía de Ingresos más ambiciosa, a falta de que los partidos al fin abriguen su reforma. Podemos citar, entre otros temas a abordar, la conciliación y los permisos de paternidad, pero preocupa el envejecimiento de la población, y es que cerca de una cuarta parte de la población tiene más de 65 años, con el número de nacimientos en un nivel muy bajo. El reto demográfico tensiona el sistema educativo, estanca los avances en igualdad y empuja a que los servicios sociales –las residencias– deban pasar a otro modelo más sostenible en la respuesta a los mayores.

Educación

Al Departamento de Educación le tocará lidiar con las problemáticas que, de rutina, ocasionará el regreso a las aulas de los alumnos, que deberán llevar mascarilla de forma obligatoria a partir de los 6 años. Qué hacer con los jóvenes contagiados, cómo combinar la clase no presencial con la jornada laboral de los padres... son solo algunos puntos que inquietan a mayores y pequeños. En cuanto a lo actualmente tangible, el euskera se enfrenta al desafío de sobrevivir en un mundo globalizado, y en un instante en el que la lengua vasca la entienden más personas que nunca en la CAV, pero cuyo uso necesita ser potenciado en la calle o el trabajo.

Nuevo estatus

Entre los propósitos de Urkullu se halla la culminación del actual Estatuto de Gernika, con la materialización de la treintena de transferencias que aún quedan pendientes, y la consecución de un nuevo estatus jurídico y político que actualice las capacidades del autogobierno. El lehendakari reivindica un acuerdo plural que sea luego pactado con el Estado, alejándose de posiciones rupturistas. Partidario de un ámbito de confederabilidad asimétrica que recoja una bilateralidad basada en la "gobernanza colaborativa", ve una buena base en el texto básico que consensuaron mayoritariamente los expertos designados por PNV, PSE y Elkarrekin Podemos en la pasada legislatura. La codecisión encabeza el diccionario del líder jeltzale en este ámbito en el que el derecho a decidir supone el campo de batalla con su socio de gobierno. Tras una legislatura en la que PNV y EH Bildu pactaron unas bases para un nuevo estatus que finalmente no se votaron en pleno por la voluntad del lehendakari de ampliar el consenso, y unos trabajos posteriores llamados a incorporar al acuerdo al PSE y Elkarrekin Podemos, Urkullu debe hallar un punto de encuentro entre las diferentes sensibilidades nacionales, arrastrando un evidente malestar entre soberanistas y jeltzales.

Convivencia y Derechos Humanos

Con la perspectiva de llevar una década desde que ETA puso fin a la violencia, quedan por dilucidar cuestiones como las de los asesinatos sin resolver o la dispersión de los presos, además de consolidar una política de memoria lo más compartida posible, tras los disensos de la pasada legislatura en torno, por ejemplo, a los contenidos educativos sobre la historia del terrorismo. En otro orden de cosas, problemas de carácter más universal como la lucha contra la xenofobia y la homofobia o el reconocimiento y protección a colectivos como el trans. El Gobierno Vasco deberá igualmente gestionar la convivencia interreligiosa y el drama de las migraciones forzadas, combatir la trata de seres humanos y procurar una igualdad efectiva entre hombres y mujeres, materia pendiente de la aprobación de una ley que sustituya a la actual, desfasada tras quince años vigente.

Posibilitar la nueva normalidad

Tanto el lehendakari como sus consejeras han venido repitiendo en las últimas semanas que existe una parte de la sociedad vasca que no sabe manejarse en lo que se vino a denominar la nueva normalidad. Y es que, dependiendo de cómo marche esta segunda ola, habrá que ver cómo se gestiona el ordenamiento con los locales de ocio y hostelería que tanto están sufriendo los efectos de la pandemia pese a sus esfuerzos. La epidemia ha puesto en cuestión aspectos de nuestra vida diaria como la asistencia a conciertos o eventos deportivos, la movilidad pública y las relaciones sociales. El Ejecutivo de Urkullu deberá responder a las nuevas demandas y necesidades de control de aforos o de seguridad ciudadana que vayan surgiendo en función de la evolución de la pandemia.