Una salida que no cambia nada

07.08.2020 | 00:37
La examante de Juan Carlos de Borbón, Corinna Larsen

La mudanza de Juan Carlos I no ha aplacado el debate político que le exige responsabilidades y solo afectaría a la investigación si residiera en un país sin tratado de extradición. Tres expertos lo analizan para este diario.

La espantada del rey emérito y su salida del Estado español para tratar de taponar la crisis reputacional que han ocasionado a la monarquía las informaciones sobre sus negocios ha provocado un debate a caballo entre lo político y lo judicial: queda la duda de si su mudanza afectará a una hipotética investigación en los tribunales, si le beneficia o le perjudica, y qué papel podría tener Suiza, que tiene sus propias pesquisas.

Según los expertos consultados por DNA, fijar su residencia en otro país no cambia nada. Por un lado, no debería dificultar una hipotética investigación que pudieran abrir en el futuro los tribunales por las presuntas comisiones recibidas por el AVE a La Meca. Solo podría presentar un problema que fijara su residencia definitiva en un país sin tratado de extradición con el Estado español (o con Suiza), una decisión que sería interpretada como una fuga en toda regla y que, según los expertos consultados, echaría a perder la intención inicial de Juan Carlos I de aliviar la crisis en la monarquía, y sería impensable por la intención del rey emérito de mantenerse a disposición de la Fiscalía. Cualquier resistencia a una eventual citación judicial sería el último clavo en el ataúd para la imagen de la monarquía que ahora encarna su hijo, Felipe VI, aunque quizás este debate nunca llegue a darse porque está muy en duda que la investigación prospere por distintos condicionantes.

Por otro lado, marcharse tampoco le perjudica porque su estatus sigue siendo el mismo y no pierde ni gana privilegios judiciales. Tanto el aforamiento como la inviolabilidad son conceptos que rigen en la Constitución y, por tanto, solo operan en el Estado español, en el sentido de que solo funcionan ante sus tribunales y no se refiere a que el rey tenga que estar de cuerpo presente en España. Por tanto, no se trata de que el monarca esté más expuesto ahora por haberse marchado. La clave es dónde es juzgado. En Suiza es muy dudoso que opere la inviolabilidad si se decide juzgar allí a Juan Carlos I, y ese dato sí complicaría su futuro, pero esto sucedía ya con independencia de dónde tenga la residencia.

Las voces consultadas coinciden en que su inmunidad en el Estado español no debería ser un paraguas infinito que abarque su vida privada más allá de la labor institucional. Aclaran que solo es intocable por los actos que tuvieran el aval en forma de refrendo del Consejo de Ministros, un visto bueno que, como es lógico, no pudieron tener en ningún caso las supuestas comisiones millonarias recibidas por parte de autoridades saudíes.

A nivel político, la salida del emérito tampoco cambia nada ni ha aplacado las voces que le piden que sea transparente y asuma las responsabilidades que pudiera tener en relación con los presuntos delitos.

su salida del estado

Razones y consecuencias

El magistrado emérito del Tribunal Supremo Joaquín Giménez asegura a este periódico que la decisión de marcharse del Estado español "no afecta para nada a la investigación judicial que pueda abrirse", y subraya la palabra "pueda", porque aclara que todavía no se ha abierto ninguna y lo que está en marcha es una investigación prejudicial de la Fiscalía del Tribunal Supremo. Esboza los escenarios posibles. Por un lado, que los fiscales encuentren indicios y deriven la investigación a la Sala Segunda del Tribunal Supremo (por ser aforado), que el tribunal nombre un juez de instrucción y que quiera tomar declaración a Juan Carlos de Borbón. En ese caso, procedería a su citación. "La hipótesis de que se vaya a un país sin tratado de extradición es de ciencia ficción", dice, con el argumento de que en su carta a su hijo muestra su "disponibilidad". Cree que no se puede hablar de huida porque implicaría hacerlo de manera clandestina, aunque otro debate sería si es discutible políticamente su decisión.

El otro escenario posible pasaría por que la investigación prejudicial no hallara indicios y se archive. La tercera vía podría ser, según señala Giménez, que el Estado español quiera dar cerrojazo a la investigación, pero se mantenga viva en Suiza, que podría no sentirse vinculada por las figuras del aforamiento y la inviolabilidad y lo juzgue por actos privados cometidos durante su mandato.

El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla Javier Pérez Royo coincide en que la salida del emérito "en principio no" debería afectar a la investigación. "Él ha manifestado que está a disposición si lo llaman a declarar. Sería inimaginable que no acudiera y hubiera que declarar rebelde a un rey. Sería incoherente con lo que ha hecho. Se ha marchado para que Felipe VI pueda seguir siendo rey, pero todo se vendría abajo si no acudiera a la llamada", argumenta.

El jeltzale Iñaki Anasagasti, que ha escrito obras sobre la monarquía y sostiene desde hace años que la corrupción anida en ella, se pregunta qué aporta a la Casa Real la marcha de Juan Carlos I. "Las grabaciones de Corinna van a seguir saliendo a la luz, aunque esté en la Torre Eiffel", pone de manifiesto. Sobre las motivaciones para poner tierra de por medio, las sitúa en las "tensiones" que podrían surgir con Felipe VI y lo complicado que iba a ser manejar esa situación. Cree que la mejor manera de redimirse para Juan Carlos de Borbón hubiera sido "asumir sus responsabilidades, un mea culpa", y no viajar "porque encima va a costar dinero al erario público, por la seguridad y los ayudantes que tendrá". "Tras la cacería de Botsuana dijo lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir. En la carta a Felipe VI no quiere reconocer nada", recrimina.

inviolabilidad

Opciones de ser juzgado

Las indagaciones sobre Juan Carlos I arrancaron en Suiza, donde al parecer pudo ocultar 100 millones de dólares a nombre de la fundación Lucum y que recibió como regalo del entonces rey saudí. Años después se los entregó supuestamente a Corinna Larsen. Se trata de esclarecer si incurrió en un delito de blanqueo de capitales y comisiones recibidas por el AVE a La Meca, y si ese dinero se declaró a Hacienda o existe también un delito de fraude fiscal. Sin embargo, aquí arrancan las primeras dificultades. Tanto la creación de la fundación Lucum (2008) como la entrega de dinero a Corinna (2012) son actos previos a su decisión de dejar el trono en junio de 2014. Los datos de Suiza obran en poder del Estado español, y la Fiscalía del Supremo los está examinando, pero al parecer todo se centra en hechos posteriores a 2014 porque el rey es inviolable y hay pulsiones que tratan de imponer la lectura de que no se le pueden exigir responsabilidades por hechos acometidos durante su reinado.

Las supuestas comisiones las habría cobrado en esa etapa y, por tanto, no se le puede preguntar por su origen. Otra cuestión es que se le pueda investigar por cómo ha movido ese dinero tras su abdicación, los rendimientos en intereses en sus cuentas, su tributación o no al fisco, etc. Pero el delito fiscal prescribe en cinco años, salvo el agravado, que caduca en diez. Al margen de la investigación de la Fiscalía del Supremo, la Audiencia Nacional tiene en su poder la grabación de las conversaciones entre el excomisario Villarejo y Corinna.

Joaquín Giménez apunta una consideración previa. Le parece un error garrafal que el rey emérito se refiera en su carta a estos asuntos como su vida privada, cuando "en la persona del rey todo es público, y es un peaje a pagar por la ejemplaridad que debe dar en la vida pública y la privada". A partir de ahí, explica que la inviolabilidad es una figura que no está desarrollada en la Constitución española, pero la encuadra en los actos refrendados por el Consejo de Ministros. La Constitución española realiza varias menciones en los artículos 56.3 y 64. Por lo tanto, son inviolables los actos refrendados por el Consejo de Ministros, y el presunto cobro de una comisión "no lo refrenda ningún ministro, por eso la inviolabilidad no tiene sentido". Las comisiones no estarían cubiertas por la inviolabilidad. Por lo tanto, opina que podría ser juzgado, aunque "es cuestión de acreditarlo con prueba, y tener en cuenta la prescripción". Donde no hay ningún debate es en que los actos tras abdicar no están cubiertos por la inviolabilidad. Solo conserva el aforamiento ante el Supremo.

Javier Pérez Royo coincide totalmente. "No hay precedentes, pero la inviolabilidad está vinculada al refrendo del Consejo de Ministros. El rey no tiene inviolabilidad propiamente dicha, sino que puede transferir su responsabilidad al presidente o al Consejo de Ministros que refrenda los actos susceptibles de ser refrendados. Si conduce a 200 kilómetros por hora, coge una metralleta o cobra una comisión, no va a ser refrendado ni inviolable. La inviolabilidad está vinculada al refrendo, antes o después de 2014", abunda. También opina que los ciudadanos merecen en la jefatura del Estado a alguien que no sea "un delincuente" y que el rey "debe ser algo más". "La conducta de las personas que ocupan la Corona debe ser otra", cree. Propone la posibilidad de hacer público el patrimonio del rey emérito para que se vea cuánto dinero tenía al acceder al cargo, cómo terminó, y de dónde pudo salir esa suma.

blindaje político

Debate sobre la legitimidad

Sobre la posibilidad de que sea juzgado con mayor facilidad en Suiza que en el Estado español, Royo considera que no es esa la cuestión. Dice que "no es un debate judicial, sino político", y debería abrirse una investigación en las Cortes Generales porque "Juan Carlos I no es un ciudadano más; la Corona no es de su propiedad, sino de la nación española; y las Cortes deberían iniciar una investigación para ver cómo ha sido la ejecutoria del cargo como monarca, redactar un informe y votar la propuesta". A su juicio, en el caso del rey el problema es de "legitimidad". En cualquier caso, ve "casi irreformable" la monarquía por el procedimiento del artículo 168 de la Constitución española, que exige mayorías muy amplias para someter una república a referéndum (dos tercios de las Cortes, elecciones, volver a ratificarlo por dos tercios y convocar el referéndum). La única vía sería que el propio Felipe VI lo planteara saltándose el procedimiento.

Iñaki Anasagasti admite que la Fiscalía suiza puede ser diferente a la española. Le cuesta pensar que la polémica desemboque en un juicio, y apunta como desenlace que todo se reduzca a un delito menor o alguna infracción fiscal. Resalta los tiempos lentos de los tribunales, y también que "la justicia española es monárquica y de derechas". Para el jeltzale, la clave radica en que este debate es sobre todo "político" y va más allá de dilucidar un mero "latrocinio". "Sería poner en cuestión 40 años. Hay fortísimos intereses para que no vaya a más. Están partidos como el PSOE, PP y Ciudadanos, y medios de comunicación como Prisa y Vocento, que quieren trazar un cordón sanitario en torno a Felipe VI", dice. El jeltzale recalca que esta crisis está "erosionando la imagen de la Casa Real" y se va a abrir un debate sobre las encuestas del CIS y las preguntas sobre la monarquía. "Tienen que hacer algunos gestos. Creo que guardan como bala en la recámara la opción de retirarle el título de emérito. La gente no va a tragar", avisa. Apunta también la opción, como futurible, de que Leonor dé un paso al frente si su padre Felipe VI también resulta cuestionado.

Iñaki Anasagasti cree que la monarquía española "está tocada pero no hundida" porque los partidos mayoritarios no van a "hacer una enmienda a la totalidad" de su apuesta en estas décadas, a lo que se suma que, durante la crisis sanitaria del coronavirus, "no van a poner en cuestión la estructura de Estado". Añade que la Constitución tiene un procedimiento tan intrincado de reforma que la monarquía "está blindada". "A Juan Carlos le harán una cura de silencio para que no salga en una foto con un cocotero y en compañía de señoras, con una vida regalada. Lo habrán pactado con él: me quedo callado, y hagan lo posible por que la justicia no me toque", sostiene el jeltzale.

Joaquín Giménez se quita por unos momentos su traje de magistrado emérito y hace una reflexión política para mostrarse crítico con Unidas Podemos por airear sus discrepancias con el PSOE sobre la salida del rey emérito. "No se puede estar en el Gobierno y en la oposición simultáneamente. Es esquizofrénico", zanja.

suiza o el estado

¿Más opciones?

Una de las hipótesis que está sobrevolando este debate es que la causa siga adelante en Suiza si se le da carpetazo en el Estado español. No está nada claro cómo actuaría Suiza ante la inviolabilidad porque no está garantizado que sea un principio invocable en el derecho internacional con carácter universal, sobre todo cuando ya se ha dejado el trono. Joaquín Giménez aclara que el rey emérito podría ser citado por el país por hechos cometidos en Suiza, y añade que podría no tener ningún privilegio en ese país porque el aforamiento y la inviolabilidad son figuras de la Constitución española, y la Constitución "solo opera en España".

Descarta que Suiza tenga en cuenta el aforamiento (la potestad de ser juzgado solo ante el Tribunal Supremo, un tribunal español), y deja en el aire la inviolabilidad. Podría suceder que no se tenga en cuenta la inviolabilidad y que se le trate como a un ciudadano más, una opción a la que realmente estaría expuesto Juan Carlos I, o que sí se valore que va a juzgar a un exjefe de Estado.

Lo que sí parece claro es que en España el blindaje es superior y la incertidumbre que puede sentir Juan Carlos I es mucho mayor en el caso suizo. Por un lado, en el Estado español se está tratando de asentar la lectura de que solo se puede juzgar a Juan Carlos de Borbón por hechos cometidos tras su abdicación en 2014. Que se le puede juzgar por hechos posteriores a 2014 está claro.

Surgen las dudas con los hechos previos a ese momento, aunque Joaquín Giménez también tiene claro que la inviolabilidad no cubre los actos privados que no tienen el refrendo del Consejo de Ministros. Si fuera juzgado por un delito fiscal, habría que tener en cuenta que caducan en cinco años, salvo que sean delitos de tipo agravado, donde computan diez años. También existe la posibilidad de acogerse al artículo 305 del Código Penal para abonar las cantidades que se deben a Hacienda y evitar la condena.

los posibles destinos

Euroorden y extradición. Los expertos se inclinan por que Juan Carlos de Borbón asumiera sin resistencias una eventual citación judicial. En el caso de que hubiera que tramitar una petición, hay tres escenarios: que se encuentre en país del espacio Schengen donde opere la eoroorden (como Portugal), un tercer país con tratado de extradición, u otro sin tratado. República Dominicana lo tiene con el Estado español, pero con Suiza solo permite extraditar condenados.

"Ha dicho que está a disposición. Tener que declarar rebelde a un rey sería inimaginable"

javier pérez royo

Catedrático de Derecho Constitucional

"Las grabaciones de Corinna seguirán saliendo a la luz, aunque esté en la torre Eiffel"

iñaki anasagasti

Jeltzale e investigador sobre la Casa Real

"La hipótesis de que se vaya a un país sin tratado de extradición es de ciencia ficción"

JOAQUÍN GIMÉNEZ

Magistrado emérito del Supremo