- Unidas Podemos, Más País y las fuerzas nacionalistas catalanas y vascas registraron una propuesta de creación de una comisión de investigación por el espionaje al presidente del Parlament, Roger Torrent, y a otros dirigentes catalanes al entender que supone una intromisión a la privacidad e intimidad de líderes políticos, instituciones y personas individuales “por parte de estructuras públicas del Estado”. Ello se produce después de las informaciones reveladas en los medios que apuntan a que Torrent, Ernest Maragall, y la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, entre otros, habrían sido víctimas de un programa espía que solo se vende a gobiernos y fuerzas de seguridad y que permite acceder a las conversaciones del terminal y también a su micrófono o su cámara. El Gobierno de Sánchez niega cualquier vinculación con este caso, dejando la puerta abierta a que estas prácticas fueran cosa del anterior Ejecutivo del PP.

Los grupos que impulsan la comisión, entre ellos PNV y EH Bildu, remarcan que “si bien los poderes públicos han negado tener ningún tipo de vinculación” con la compañía israelí que distribuye el software de espionaje (NSO), “es bien sabido que las FCSE y el CNI sí usaba software para intromisión en terminales móviles y dispositivos electrónicos para monitorizar información”. En concreto, se refieren a una filtración interna de más de 400 correos, mediante la que se hizo público que el Gobierno español es cliente, al menos hasta 2015, de la compañía.

Asimismo, dan credibilidad a las informaciones evocando algunos precedentes que ya apuntaban en esta dirección y que también implicarían al Gobierno socialista. Por ejemplo, que Borrell, “tenía informes sobre espionaje y seguimiento presuntamente ilegal de la actividad de las delegaciones exteriores de la Generalitat de Catalunya”.

La exposición de motivos señala igualmente que entre 2017 y 2018 se publicaron conversaciones telefónicas privadas entre líderes catalanes que habían tenido lugar en semanas previas y posteriores al referéndum del 1-O. En esta materia, añaden la grabación del exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que provocó la apertura de una comisión de investigación y la “constatación de la existencia de una dimensión mediática de las cloacas que habría sido clave a la hora de difamar y perseguir adversarios políticos y por las que aún no se han depurado responsabilidades”.

La postura de Podemos se advierte en la denuncia de que el actual vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, “y centenares de personalidades del mundo empresarial”, han sido objeto de seguimiento, espionaje y monitorización ilegal durante años por personas relacionadas con departamentos públicos”, y citan al excomisario Villarejo.

Torrent pidió ayer mismo al Ejecutivo de Sánchez que “investigue y llegue hasta el fondo”, si de verdad se trata del Gobierno “más progresista de la historia”. Según el president del Parlament no es suficiente con que el CNI haya negado estar detrás de este asunto, y reclamó al Gabinete de coalición que, en aras de la transparencia y la democracia, “investigue” y “dé todas las explicaciones que haga falta” a fin de que “salga a luz toda la verdad y sepamos quién ordenó el espionaje”.