- Después de una semana de filtraciones diarias de los audios de una conversación entre Corinna Larsen y el excomisario Villarejo, en la que ella misma confiesa haber sido beneficiaria de una transferencia de 65 millones de euros por parte de Juan Carlos I, la aristócrata ha pasado al contraataque. Es lo que se desprende de la revelación ayer de que el padre de Felipe VI le reclamó esa cantidad en 2014, dos años después de habérsela hecho llegar en concepto de "regalo" por la estrecha relación que mantenían.

La propia Corinna relató estos hechos en una carta enviada el 5 de marzo de 2019 al jefe de la Casa Real, Jaime Alfonsín. En la misiva, desvelada por el diario El Mundo, la que fuera amiga íntima de Juan Carlos explica que este le pidió el dinero en 2014, el mismo año en que abdicó del trono. Tras consultarlo con sus abogados, Corinna rechazó el reintegro para evitar incurrir en un "delito financiero". Según su versión, ello provocó la airada respuesta del emérito, que la acusó incluso de haberle "robado" e inició una campaña de desprestigio en su contra.

El bombardeo de informaciones sobre las actividades presuntamente ilegales del exmonarca continúan, por tanto, con el foco puesto en esos cerca de 65 millones de euros que procedían de una comisión pagada por el rey saudí Abdulá en 2008, y que tiempo después fueron transferidos a Corinna desde una fundación panameña ubicada en Suiza. Dada la gravedad de estas revelaciones, el Gobierno de Pedro Sánchez ha tratado de situar a Felipe VI al margen de estos tejemanejes, al tiempo que ha abierto la puerta a que el actual monarca español adopte medidas drásticas sobre el futuro del rey emérito para evitar su influjo.

Sin embargo, esta defensa de la institución monárquica por parte del Gobierno de coalición flaquea por el lado de Unidas Podemos, debido a su marcado perfil republicano. La Ejecutiva del partido morado, que se reunió ayer para analizar el resultado electoral en Euskadi y Galicia, cuestionó la utilidad de la monarquía a raíz de "los numerosos escándalos de corrupción" y pidió abrir un debate "para avanzar hacia una democracia más fuerte". El líder de Unidas Podemos y vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ya aseguró que las actividades supuestamente corruptas de Juan Carlos han desembocado en un debate creciente sobre la utilidad de la institución. Los ciudadanos "ya no están dispuestos a tolerar ni ciertos privilegios, ni la corrupción, ni la impunidad", añadió.

En sentido contrario, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, insistió ayer en establecer un cortafuegos alrededor de Felipe VI y señaló que el rey emérito "ya no está en la vida pública" y que su pasado "nada afecta a la actividad del actual jefe del Estado". Añadió que la decisión de mantener o pedir la retirada del título a Juan Carlos "compete a la Casa Real" y zanjó que "el Gobierno tiene la lealtad que nuestra Constitución marca" con Felipe VI.

Los grupos de la oposición también mantuvieron el guion de los últimos días de hostigamiento al Gobierno español por lo que consideran desaires a la corona. El presidente del PP, Pablo Casado, afirmó que confía en la Justicia y en la presunción de inocencia de Juan Carlos I, tras las informaciones sobre su presunta fortuna oculta en paraísos fiscales, y acusó al Ejecutivo de Pedro Sánchez de poner la atención en este asunto justo cuando "tenía encima un escándalo mayúsculo" con su vicepresidente, Pablo Iglesias, y el llamado caso Dina.

La secretaria general del PSE, Idoia Mendia, consideró por su parte que las noticias sobre las finanzas de Juan Carlos "están haciendo sudar tinta" a Felipe VI. "Lo que estamos conociendo no es positivo para una institución que forma parte del sistema constitucional", dijo, y recordó la condena a Iñaki Urdangarin por el caso Nóos.