- Cómo conciliar la vida familiar con el trabajo es el quebradero de cabeza de miles de vascos, y lo ha sido aún más durante la pandemia del coronavirus. En ese contexto, el candidato del PNV a la reelección como lehendakari, Iñigo Urkullu, quiso dedicar ayer un espacio destacado a este reto con una propuesta novedosa: se compromete a impulsar un acuerdo social entre la administración pública, las empresas y los sindicatos para generalizar las medidas de conciliación y “favorecer la racionalización de los horarios laborales”. Urkullu asumió este compromiso en un acto por la mañana en Gasteiz, donde defendió el derecho de las familias a tener los hijos que deseen de acuerdo con su proyecto de vida y “sin barreras que lo impidan”. “Nuestro compromiso es reducir esas barreras”, sostuvo.

El jeltzale apostó también por garantizar que el 100% de los niños de cero a tres años sea atendido en escuelas infantiles y haurreskolas, impulsar los permisos de maternidad y paternidad iguales e intransferibles en el sector público y privado, defender un sistema integral de apoyo institucional para ayudar al cuidado de niños, y crear una dirección de Familias e Infancia y aumentar las ayudas económicas a la natalidad.

Urkullu se propone poner fin al declive demográfico en Euskadi, un asunto que va más allá de la empatía con las familias y tiene serias consecuencias prácticas en asuntos como el sostenimiento de las pensiones. Las propuestas que desgranó ayer son una especie de segunda entrega de sus medidas para facilitar la emancipación de los jóvenes, con un plan de choque para brindar una primera oportunidad laboral a 30.000 y reservarles un cupo de vivienda en alquiler. Además de facilitar que los jóvenes se independicen, el PNV se compromete a acompañar a las familiar vascas que tengan hijos en su día a día con prestaciones económicas. La tasa de natalidad es un problema serio para el lehendakari, porque Euskadi se sitúa en los puestos más bajos de Europa. En 2017, según datos del Eustat, alcanzó su nivel más bajo con 7,8 nacimientos por cada mil habitantes, frente a la media de la Unión Europea, de 9,9.