- En el tira y afloja que mantienen el PSOE y el PP en el Congreso, que se está traduciendo en emplazamientos mutuos al acuerdo sin ningún resultado palpable, el presidente de los populares, Pablo Casado, tendió ayer la mano a los de Pedro Sánchez para aprobar la denominada nueva normalidad en el Congreso. Tras los recientes desencuentros, que han desembocado en el rechazo del PP a las últimas prórrogas del estado de alarma, Casado se abrió a apoyar este decreto si se incorporan al mismo algunas de sus demandas. Ayer mismo, el Gobierno español expresó sus sospechas de que este movimiento obedezca a una mera operación de “maquillaje” político en plena precampaña en Euskadi y Galicia.
Tras reunirse con los máximos responsables de la Organización Médico Colegial (OMC), Casado afirmó que “estaríamos dispuestos a apoyarlo -la nueva normalidad- una vez que el Gobierno se haya sentado con el PP para incorporar otras medidas que consideramos necesarias”. Con este fin, encargó a la exministra de Sanidad y diputada del PP, Ana Pastor, que hablara entre ayer y hoy con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, para poder incorporar medidas “fundamentales”.
Sobre la posibilidad de que sea necesario decretar de nuevo el estado de alarma en parte o en todo el Estado ante la posible aparición de brotes de coronavirus, Casado se mostró contrario a aplicar esta medida de “excepcionalidad constitucional” porque afectaría de nuevo a derechos fundamentales. A su juicio, tampoco sería “eficaz” convocar en pleno verano una sesión del Congreso para aprobar esta medida cuando el PP, recordó, lleva meses reclamando un “plan B” que permita aplicar medidas drásticas sin recurrir al estado de alarma.
Así, pese a considerar que el decreto que se debate mañana en la Cámara Baja es “insuficiente” para combatir un posible rebrote del covid-19 y de cara a garantizar “la reactivación económica y la seguridad jurídica” de España, llamó a negociar un pacto de Estado por la sanidad, bautizado Pacto Cajal en honor al Premio Nobel, para garantizar su apoyo.
Entre las medidas que incluye destacó la creación de una agencia estatal para coordinar todo el sistema sanitario, una unidad específica de seguimiento de pandemias y reforzar la atención primaria. También propone la creación de un pool de profesionales sanitarios que se puedan desplazar a cualquier lugar de España en caso de que se declare otra crisis, potenciar la telemedicina, la investigación y la dotación de una financiación suficiente para el conjunto del sistema sanitario.
A la espera de lo que depare la negociación entre PSOE y PP, el Gobierno español recibió con escepticismo el ofrecimiento de Casado, dado su abultado historial de desencuentros recientes. “Para proponer acuerdos hay que ser creíbles; no se puede proponer un día y al otro achacar al gobierno falsedades”, advirtió ayer la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero.
Se preguntó por ello si el PP va a optar por “arrimar el hombro” o seguirá en el “frentismo absoluto”. Deseó que “abandone de forma definitiva su seguidismo de la ultraderecha” e insistió en que espera que no sean solo “gestos” debido a la precampaña sino “una línea de continuidad y coherencia”.
Polémica por el 8-M. El coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos ha presentado un recurso de alzada ante el Ministerio del Interior, un mes después de que fuera cesado como jefe de la Comandancia de Madrid por pérdida de confianza al no informar de la presentación del informe del 8-M ante la juez de Madrid que investigaba el inicio del contagio de coronavirus. Fuentes próximas al coronel indicaron a Efe que será el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien tendrá que resolver la decisión que firmó el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez. De los Cobos fue cesado después de que miembros de la policía judicial entregaran a la jueza que llevaba el caso de la manifestación del 8-M y su posible influencia en la expansión del coronavirus un informe sobre dicha marcha.
