- El PNV volverá a llevar mañana al Congreso de los Diputados la reforma de la ley sobre secretos oficiales para adaptar esta ley aprobada en 1968 a la realidad actual y que permita levantar el velo sobre documentos oficiales relativos a la Guerra Civil española y la dictadura franquista, pero también los cuadernos oficiales del Gobierno español a partir de la transición.

No es la primera vez que los jeltzales intentan la reforma de esta ley. El último intento fue hace cuatro años pero la iniciativa no pudo prosperar porque terminó la legislatura antes de su tramitación parlamentaria y quedó en agua de borrajas. Ahora lo vuelve a intentar coincidiendo con la polémica sobre la publicación del informe de la CIA, los servicios secretos estadounidenses, en el que se afirma que Felipe González aprobó la creación de los GAL cuando era presidente del Gobierno español a comienzos de los ochenta.

Entre 1983 y 1987 este grupo parapolicial sembró el terror en Iparralde mediante la guerra sucia de Estado y asesinó a 27 personas, la mayoría miembros de la banda armada o de su entorno que se movían en Iparralde, entre ellos Josean Lasa y Joxi Zabala, Segundo Marey o Juan Carlos García Goena. Unos diez de estos fueron reconocidos como objetivos erróneos ya que no tenían ninguna vinculación con ETA.

Tras conocerse los documentos de la CIA la semana pasada, el portavoz jeltzale en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, destacó que era "sorprendente" que se destaparan revelaciones importantes sobre el Gobierno español a través de documentos secretos estadounidenses y, sin embargo, no se pueda acceder a los documentos oficiales del Gobierno español porque "siguen clasificados y encerrados bajo ocho llaves". En este sentido, recalcó que no se trata de revisar el pasado, sino de "ver las cosas con claridad y examinarlas".

La vigente ley de secretos oficiales data de los tiempos del tardofranquismo y las propuestas de reforma planteadas en los últimos años por el PNV han caído en saco roto por el rechazo del PSOE y el Partido Popular, que en este tema han ido siempre de la mano, salvando algunos matices.

La actual redacción de la norma impide desclasificar miles de documentos de la Guerra Civil y el franquismo y obstaculiza el acceso a documentos clave sobre la Transición o, por ejemplo, el golpe de estado del 23-F de 1981. La desclasificación de la documentación secreta y oficial de los tiempos de Felipe González podría aflorar las disposiciones del entonces presidente español en relación a los GAL, más allá de lo declarado por él y de lo juzgado en el juicio contra este grupo parapolicial que entre 1983 y 1987 asesinó a 27 personas.

El texto presentado por el PNV propone la "adaptación" de la ley "a la sensibilidad social vigente respecto al valor de la transparencia" y aboga por que se reduzcan los plazos para la desclasificación. Además, pretende que sea solo competencia del Consejo de Ministros clasificar información -en la ley vigente pueden hacerlo también los jefes del Estado mayor o los capitanes generales de las regiones militares-.