l enfado del lehendakari era de 10 sobre 10. Me parece lógico. No se trata solo de la asignación de recursos, lo cual siempre es importante y más ahora. Se trata de entender nuestro sistema de cogobernanza y aplicarlo de forma consecuente y racional.

Nuestras haciendas forales recaudan y en el ámbito vasco -y en coordinación con el Gobierno español- asignamos recursos, gestionamos competencias y pagamos, tras acuerdo negociado, por las que correspondan al Estado. En buena lógica los recursos extraordinarios que lleguen de Bruselas al conjunto de España se deberán distribuir considerando esa realidad. De este modo, si hay un fondo para compensar la bajada de la recaudación, debe negociarse un criterio razonable de asignación entre las haciendas existentes en el Estado. Sin duda puede haber un amplio margen de discrecionalidad según se apliquen unos u otros criterios: por el peso de cada hacienda, por el peso de la pérdida habida o prevista, corregida por el PIB o por la renta per capita, o por el desempleo, o por el impacto de la crisis sanitaria o por otros mil factores razonables que en distinta medida puedan computarse. Lo que no es de recibo es que lo que España negocie en Europa lo haga en favor de una sola de las haciendas del Estado: en ese caso el sistema de confianza y lealtad mutua se resquebraja.

En ese caso las haciendas excluidas deberían exigir una representación directa en esas negociaciones internacionales. Eso no es algo inaudito en la práctica contemporánea ante los organismos internacionales, sino algo cada vez más frecuente en el caso de países como Reino Unido, Canadá, Suiza, Bélgica u otros. Si lo que España obtiene internacionalmente beneficia a una sola de sus haciendas, alguien deberá negociar por el interés de las otras o al menos asegurar que sus intereses no se ignoran. Quizá lo que ha pasado se deba a un error meramente técnico por parte del Gobierno Sánchez pero, si no se corrige satisfactoriamente, puede derivar en un problema político de consecuencias graves.

El lehendakari ha aprovechado para poner sobre la mesa la ampliación de los límites de deuda pública. Las semanas pasadas los tres diputados generales habían venido marcando señales en este sentido.

Quienes desde la oposición llevan años pidiendo más deuda pública y minusvalorando los riesgos y los costos de endeudarse, quienes han pasado años criticando que las instituciones vascas hayan sido prudentes ante la deuda, creen ahora que ha llegado el momento de reivindicarse: ahora, nos dicen, se demuestra que endeudarse no era ningún crimen. Yo creo que el momento demuestra exactamente lo contrario: llegado el momento de grave crisis y necesidad las instituciones vascas están en mejores condiciones de endeudarse y de solicitar créditos precisamente porque no han abusado de la deuda cuando no era estrictamente necesario y porque han sido solventes pagadores cuando tocaba. Siempre hay necesidades, pero tanto en la economía familiar, en la empresa o en las administraciones públicas, si nos endeudamos en años ordinarios perdemos la capacidad de hacerlo cuando llega el golpe y la necesidad aprieta.

Algunos de los que están sentados ahora en el Consejo de Ministros nos decían hace bien poco, cuando decir boutades era gratis, que harían una auditoria de la deuda española y pagarían sólo la parte que ellos mismos declararan como legítima. No sé de dónde obtendríamos ahora recursos -y a qué coste- si hubiésemos hecho caso a semejantes cantos de sirena, si hubiéramos roto la palabra dada y perdido así toda credibilidad financiera y solvencia crediticia. Afortunadamente había adultos en la sala de mando.