- El PP trató de complicar ayer que los presos puedan acceder al tercer grado y, aunque la ley ya recoge que deben mostrar su colaboración, los populares llevaron una iniciativa al Senado para restringir el examen de su actitud a las autoridades policiales y judiciales, lo que suponía por la puerta de atrás privar al Gobierno vasco de su trabajo por la reinserción. El senador del PNV Imanol Landa denunció que el PP pretende anular los programas del Gobierno vasco para la reinserción de presos condenados por terrorismo, y rechazó la modificación de Ley Orgánica General Penitenciaria que, de facto, excluye a las instituciones vascas como interlocutoras para colaborar en estos procesos de reeducación. La iniciativa logró el apoyo de C's, Vox y UPN pero el rechazo del Grupo Socialista, ERC-EH Bildu, PNV e Izquierda Confederal.

Landa denunció que la reforma "oculta el propósito de anular o limitar la actuación del Gobierno Vasco" al excluir a las autoridades administrativas. El PP no logró los apoyos necesarios al contar solo con C's, UPN y Vox, el PNV dijo que no parece pura casualidad este efecto colateral. El PP tiene estaría señalando iniciativas como Hitzeman, que el PNV dijo que ha sido calificado como "legalmente impecable" por el fiscal superior vasco.

La ley ya establece que los presos deben colaborar con las autoridades para esclarecer delitos de terrorismo o identificar a autores de atentados, pero el PP quería añadir que esas autoridades sean solo las judiciales y las policiales para que no sea un "coladero" por el que pasen los presos que no hayan dado nombres ni detalles. Martínez-Maillo acusó además a Sánchez de llevar a cabo un "acercamiento masivo" de presos. El Congreso, por otro lado, ha aprobado una moción del PNV para que el Gobierno español redacte en seis meses un informe sobre las mujeres presas. Hubo acuerdo con todos, salvo PP y Vox.

Por otra parte, la Audiencia Nacional procesó ayer a Javier García Gaztelu, Txapote, por el asesinato con bomba del concejal del PP en Errenteria Manuel Zamarreño en 1998, que también hirió a un escolta. Ha tomado la decisión tras leer la ampliación del atestado realizado por la Ertzain-tza.