ivimos tiempos complejos para gestionar los recursos públicos. Delimitar y cuantificar los recortes es mucho más difícil que repartir la abundancia. Para un gestor público la fijación de prioridades, la jerarquización de las múltiples demandas de mayor mecenazgo y de apoyo se convierte en un factor estratégico clave cuando, como sucede en nuestro complejo contexto socioeconómico derivado de la pandemia, no hay otra opción que marcar prioridades de gasto.

En nuestra sociedad lo público se vende siempre peor, aflora casi siempre lo negativo, el morbo, la bronca, los enfrentamientos, las disfunciones. Está bien criticar, denunciar y dar a conocer lo que no funciona bien, pero un mínimo ejercicio de responsabilidad en defensa de nuestros servicios públicos exige reivindicar de igual modo lo que se hace bien y hay que defender y subrayar además el liderazgo que la dimensión de lo público debe asentar y reforzar en ámbitos como el educativo, el sanitario o el socio asistencial dentro de nuestra sociedad vasca.

Un primer ejemplo: la universidad pública, nuestra UPV/EHU: somos espejo de la sociedad, porque esta será lo que sea nuestra universidad y nuestra evolución y mejora continua garantiza el desarrollo social futuro. La apuesta es necesaria, imprescindible. La universidad no es una fábrica de alumnos. Docentes, personal de administración y servicios, gestores, sindicatos... Todos somos corresponsables en el enorme reto de hacer mejor a nuestra universidad para hacer mejor a nuestra sociedad, a los ciudadanos del futuro.

Un segundo ejemplo: nuestro sistema sanitario público. Solo valoramos lo que tenemos cuando lo necesitamos. Esta pandemia ha sido clara muestra de ello. Y la satisfacción y el orgullo ante nuestro sistema sanitario, ante Osakidetza, debe ir unido al sentido de responsabilidad y de profesionalidad para reforzar la sostenibilidad del sistema y la credibilidad de la ciudadanía en el mismo. Es cosa de todos, todos tenemos derechos y obligaciones, y la cultura de la queja y del agravio debe dejar paso también a mensajes y actitudes proactivas, debemos cambiar el paso y por una vez trabajar mano a mano en beneficio de lo público.

Prestar servicios públicos eficientes tanto en tiempos de bonanza como en duras mesetas sociales y económicas de crisis debe ser el motor de cualquier decisión. Cuando hablamos de interacción entre lo público y lo privado la frontera que no cabe traspasar es clara: no se debe privatizar la gestión de servicios relativos a la justicia o la sanidad.

Hace ya tiempo Michael Sandel advirtió que no es lo mismo la “economía de mercado”, entendida como un instrumento eficiente para la distribución de bienes y servicios, que nuestra actual deriva, convertidos en “sociedades de mercado” en las que se presupone que todo puede ser vendido y comprado al margen de su valor intrínseco y de su relevancia moral.

El debate no debe centrarse en contraponer como polos opuestos economía frente a salud de la ciudadanía; la economía de mercado es una herramienta valiosa y efectiva para organizar la actividad productiva. En cambio, una sociedad de mercado es un lugar en el que todo es susceptible de venderse, un modo de vida mercantilizado en el que las relaciones comerciales alcanzan cualquier esfera de la vida, desde las relaciones personales hasta la sanidad, la educación, la vida cívica, la política… Esto es lo que debemos aprender e interiorizar de estos duros momentos que hemos vivido y que deberemos sin duda corregir en nuestro rumbo como sociedad.

Nuestra primera muestra de rebelión cívica podría materializarse en abrir y promover un debate acerca de cómo el mercado debe servir al bien público.

En los tiempos sociales que nos toca vivir hay que reivindicar desde lo público y para lo público la excelencia, la dedicación, la implicación y la profesionalidad para poder así funcionar de forma eficiente.