- La instrucción de la causa archivada ayer motivó el 24 de mayo el cese como jefe de la Comandancia de Madrid del coronel Diego Pérez de los Cobos. A ello le siguió el relevo en la cúpula de mando de la Guardia Civil tras la dimisión de su director adjunto operativo (DAO), teniente general Laurentino Ceña, en medio de peticiones de la oposición para que dimitiera el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por supuestas injerencias -negadas por el departamento ministerial- para conocer el informe de la Policía Judicial sobre el 8-M. Varias asociaciones profesionales del Instituto Armado también han atacado frontalmente la gestión del ministro, que ha sufrido un desgaste de imagen tras las acusaciones de los partidos de la oposición que le han acusado de mentir en sede parlamentaria.

La jueza comisionó a la Policía Judicial de la Guardia Civil de Madrid para que llevara a cabo una batería de diligencias, con la advertencia de que los investigadores solo podían reportar a ella de las novedades. Así se lo comunicó la magistrada al Ministerio del Interior el lunes 25 de mayo, en un escrito en el que aludía a consecuencias penales si no se respetaba su orden. Ese mismo día trascendió el cese como de De los Cobos, al que la noche del domingo le había apartado del cargo en una conversación telefónica la directora de la Guardia Civil, María Gámez. El coronel llegó al Ministerio del Interior en la etapa de Alfredo Pérez Rubalcaba, donde ocupó con el PP la jefatura del Gabinete de Coordinación y Estudios desde la que fue designado por orden judicial como coordinador del dispositivo policial para impedir el referéndum del 1-O.

La destitución levantó inmediatamente un fuerte malestar dentro de un sector de la cadena de mando del instituto armado, al entender que se había producido una injerencia política para conocer el primero de los dos informes sobre el 8-M cuyo contenido, previamente, había sido filtrado a la prensa el viernes 22 de mayo. En medio de las informaciones sobre el primer informe de la Policía Judicial de la Guardia Civil, con críticas por algunos errores incluidos en sus diligencias, trascendió la dimisión del director adjunto operativo (DAO) del Instituto Armado, Laurentino Ceña, en desacuerdo por el cese de Pérez de los Cobos. Al día siguiente fue relevado el otro teniente general al frente de las cuestiones operativas del Cuerpo, Fernando Santafé.

Grande-Marlaska ha asegurado en varias ocasiones que nadie le pidió al coronel cesado ni el informe del 8-M ni detalles del mismo, sino que el interés se centró en si se había dado traslado del mismo a la jueza Carmen Rodríguez-Medel. En su primera comparecencia el ministro anunció el pago del tercer y último tramo de la equiparación salarial, encuadrando el relevo de Pérez de los Cobos en una reestructuración de los cargos de confianza.

Interior añadió la pérdida de confianza que supuso que este alto cargo dejara de informar a sus superiores en la cadena de mando sobre trámites relacionados con la entrega de informes en la investigación judicial del 8-M. Grande-Marlaska también se presentó como víctima de su decisión de "desmantelar el Ministerio del PP", en alusión a la llamada policía patriótica.