- Aunque mantiene las espadas en alto en contra del Gobierno de Pedro Sánchez, el PP dio ayer un respiro al apoyar la creación del llamado ingreso mínimo vital con la intención de que se tramite como proyecto de ley y puedan presentar enmiendas con las que definir su modelo de esta renta. Una posición que agradeció el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, asegurando que se trata de una ayuda de “pura justicia social” especialmente “útil contra la pobreza infantil”.
Eso sí, el líder de Unidas Podemos, promotor de la iniciativa, tachó de “indignante” porque “falta el respeto a muchos que no consiguen llevar a sus casas la dignidad mínima” que Vox descalificara la ayuda como “paguita clientelar”. La abstención de la formación de Santiago Abascal fue la excepción en una votación que habilitó esta renta mínima que va desde los 461 euros hasta los 1.015 euros mensuales.
El Pleno del Congreso apoyó con 297 votos a favor, 52 abstenciones y ningún voto en contra la convalidación del Real Decreto-Ley que regula esta renta mínima y a la que finalmente el PP ha sumado sus votos positivos y Vox sus abstenciones. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, subrayó que se trata de una de las medidas con mayor capacidad de redistribución de rentas y que “dignifica el país”, y explicó que ha sido calculado con precisión ya que se adaptará a las necesidades de cada solicitante, teniendo en cuenta la modalidad de familia, sus ingresos y su patrimonio.
“Las políticas públicas no pueden vivir de espaldas a la sociedad”, describió Escrivá, apuntando además que servirá de palanca para la inclusión social y laboral con un coste de unos 3.000 millones de euros que es “perfectamente asumible”. Al razonamiento del responsable del área, Iglesias remarcó que “en medio del clima de crispación y de berrinche que vivimos demasiado a menudo en esta Cámara, esta es la mejor vacuna frente a los discursos del odio y del enfrentamiento del penúltimo contra el último de la sociedad”.
Vox criticó que la medida no sea temporal y no esté condicionada a la búsqueda de empleo, fundamentando su implantación en que es el “precio del pacto con el diablo firmado por Sánchez” para ser investido, y reiterando que este ingreso mínimo supone un efecto llamada a los inmigrantes y pone en riesgo el sistema de protección de la Seguridad Social. Por su parte, el PP recordó que fue Mariano Rajoy el que impulsó la tarjeta social y censuró que el Gobierno se “apropie” de las competencias autonómicas y exceptúe a Navarra y la CAV.
A su entender, lo razonable habría sido presentar un proyecto de ley pactado con las comunidades, ayuntamientos, tercer sector y con la oposición y que tuviera una memoria económica y un informe del Consejo de Estado y del Consejo Económico y Social. Ciudadanos abogó porque la prestación vaya ligada a un itinerario de inserción laboral desde la Ley para no esperar a su desarrollo reglamentario mientras que JxCat apostó por analizar la compatibilidad de la renta con la prestación por hijo a cargo.
En paralelo, ERC cree que la medida no debe ser reversible y ahondó en que se debería modificar la condición de tener que acreditar un año entero de bajos ingresos, urgiendo extenderla a las personas en situación irregular. BNG o Más País matizaron que es insuficiente en cuanto a beneficiarios y cuantías mientras que otros partidos como UPN pidieron que sea gestionada por todas las comunidades.
Por su parte, Iglesias defendió que es el momento de hacer políticas expansivas para afrontar la actual crisis generada por la pandemia y dijo que también ayudará a la recuperación económica, ya que la renta irá “directamente al consumo y ayudará a autónomos y empresas a seguir facturando”.
Iglesias y Escrivá defendieron de forma conjunta este texto que definieron como “la mejor vacuna” frente a “los discursos del odio” y el “clima de crispación” política que, a su juicio, existe en la actualidad en medio de la crisis sanitaria generada por el covid-19.
Desde Euskadi, el candidato de PP+C’s, Carlos Iturgaiz, aprovechó esta cuestión en clave electoral al aseverar que “el ahorro” que generará el ingreso mínimo en la CAV debe servir para “ayudar a los más desfavorecidos”, “en vez de que se vaya para los chiringuitos oficiales del nacionalismo y del socialismo en el Gobierno Vasco”. A su juicio, ese montante debe destinarse a respaldar a los autónomos y a complementar las pensiones más bajas. “Lo primero es que se gestione bien”, dijo, haciendo hincapié en la gestión “lamentable” que el PNV ha hecho de la Renta de Garantía de Ingresos, “un caso que incluso se judicializó en su momento”.
El Congreso acepta el trámite. El Congreso aceptó ayer tramitar como proyecto de ley el decreto presentado por el Gobierno para adoptar medidas complementarias en agricultura, ciencia y otras materias de tipo económico, con vistas a paliar los efectos del covid-19. Entre las medidas figuran la prórroga durante tres meses, hasta el 30 de septiembre, de la flexibilización para cubrir el empleo temporal agrario y la facilitación de un permiso de trabajo de dos años a jóvenes extranjeros empleados en el campo y en situación regular. Aumenta además de tres a cuatro meses del periodo de aplazamiento sin intereses de impuestos para pymes y autónomos.
“Permitirá llevar a muchas casas una mínima dignidad, no es una paguita clientelar”
Vicepresidente segundo del Gobierno
