- El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Juan Luis Ibarra, aseguró ayer que menos de un 10% del millón de denuncias en el Estado español registradas por saltarse las restricciones del estado de alarma van a terminar en multa. Sus palabras chocan con las de la consejera de Seguridad del Gobierno Vasco, Estefanía Beltrán de Heredia, que considera muy aventurado adelantar el número de denuncias que terminarán en sanción.

En la CAV, la Ertzaintza y las policías municipales han impuesto alrededor de 30.000 denuncias por saltarse el confinamiento, es decir, de cada 75 vascos uno ha sido denunciado. Además, ambos cuerpos policiales han llevado a cabo desde el 14 de marzo más de 100.000 identificaciones y se han practicado unas 400 detenciones, buena parte de ellas en Bizkaia.

Preguntada por las declaraciones del juez, la consejera de Seguridad considera que es "aventurar demasiado adelantar ahora si va a ser un 10%, un 50%, el 100% de esos expedientes sancionadores abiertos" terminará en multa. Asimismo, durante la rueda de prensa para explicar las directrices sanitarias y de seguridad de cara a las elecciones vascas del 12 de julio, Beltrán de Heredia recordó que habrá que analizar uno a uno, ver las circunstancias en las que se ha producido, estudiar las alegaciones que presente en su caso la persona denunciada "y, en función de ello, tomar la decisión, rebajar la sanción o incluso archivar...".

Por su parte, Ibarra subrayó en una entrevista a Radio Euskadi que saltarse las restricciones de movilidad y de confinamiento dictadas durante el estado de alarma no conlleva en sí mismo una multa, sino que "requiere que la persona infractora actúe con desobediencia a un agente o con contumacia y reincidencia en esa acción por lo que, previsiblemente, la mayor parte del millón de denuncias interpuestas por la Ertzaintza y otras policías desde el 14 de marzo no supondrán sanción".

Ibarra aclaró que a pesar del millón de denuncias presentadas en todo el Estado por saltarse el confinamiento, "nos han multado muy poco". A su juicio, ese dato es "indicativo de una desproporción, ya que jurídicamente no vale el sesgo que se ha tratado de aplicar "de que cualquier infracción de esas medidas constituye un hecho sancionable administrativamente".

En este sentido, Ibarra, que el próximo 21 de junio abandona el cargo tras diez años de mandato y 32 en la judicatura, precisó que para que una infracción pueda conllevar una sanción requiere de una desobediencia o contumacia. A su entender, "quizá hubo una exageración" en las actuaciones ordenadas a las policías "para conseguir un efecto" de respeto del confinamiento, "que no era capaz de transmitirse a través de la persuasión". Ibarra también recordó que, si hay dudas, "siempre va a ser a favor de la no imposición de sanción". y se mostró convencido de que al Departamento de Seguridad "le ha llegado este mensaje", aunque no ha realizado ninguna petición a la consejería.

"Una multa requiere que el infractor actúe con desobediencia hacia un agente"

Presidente del TSJPV