El Congreso estudiará el próximo miércoles la prórroga del estado de alarma más allá del 9 de mayo. Pero, por primera vez, se abre la posibilidad de que la oposición no la acepte. Esto supondría la derogación del real decreto que el Gobierno español diseñó para gestionar el estado de alarma. ¿Qué pasaría en Euskadi si no se aceptase la prórroga?

Se volvería al 16 de marzo. Es decir, al estado de emergencia sanitaria declarado por el Gobierno vasco antes del anuncio del anuncio del estado de alarma por parte de Pedro Sánchez, de forma que Moncloa asumía el mando en todas las comunidades. y

La emergencia sanitaria otorgaba poderes excepcionales al lehendakari Iñigo Urkullu para pilotar la pandemia en la Comunidad Autónoma Vasca. Las CCAA serían por tanto las que gestionarían la situación, y de sus gobiernos dependerían las decisiones sobre confinamientos, cierres de empresas o emergencias sanitarias.

Urkullu asumiría de este modo el mando de gestión de la desescalada, y sobre él recaería la responsabilidad de tomar medidas extraordinarias, como el confinamiento de poblaciones, la prohibición de desarrollar actividades concretas y la "limitación o condicionamiento del uso de servicios públicos y privados o el consumo de bienes.

De hecho, una orden de Salud del 13 de marzo pasado ya establecía medidas preventivas como la realización de eventos deportivos a puerta cerrada, suspensión de actividades colectivas celebradas en espacios cerrados que implicaran a más de 500 personas y la suspensión de las clases.

Al día siguiente, otra orden decretaba el cierre de centros de día, la supresión de las visitas a personas mayores en los centros residenciales públicos o privados, y el cese de cualquier tipo de actividad en museos, salas de exposiciones, establecimientos de hostelería (salvo servicio a domicilio), centro de actividad deportiva, locales de juego, txokos, sociedades gastronómicas o centros de culto.

En cambio, no impedía la actividad comercial. Únicamente establecía la limitación "de cualquier tipo de actividad en locales que no garanticen la distancia mínima de seguridad de un metro y medio"

Tras acabar con el estado de alarma se pondrían en marcha las medidas sanitarias necesarias para afrontar la pandemia y se acogerían a la Ley Orgánica de Salud Pública del año 1986 y la Ley General de Salud Pública del año 2011; y en el ámbito vasco, la Ley 8/1997 de Ordenación Sanitaria de Euskadi , que autoriza "las intervenciones que supongan ejercicio de autoridad, necesarias para garantizar la tutela general de la salud pública", como subrayó Iñigo Urkullu en la videoconferencia de presidentes autonómicos con el jefe del Gobierno español.

Y es que según declaró el lehendakari, esto permitiría una gestión "más compartida, democrática y eficaz". Acabaría así con la figura de "mando único" de Sánchez y el Gobierno vasco sería el responsable de gestionar la crisis.

¿Podría haber elecciones con el estado de emergencia sanitaria?

La situación de emergencia sanitaria es clave en la celebración de las elecciones en Euskadi. El lehendakari ya advirtió de que la convocatoria electoral del 5-A se reactivaría una vez se levantara la declaración de emergencia . "Se realizará de forma inmediata", aseveró.

La intención sigue siendo celebrarlas en julio y para ello Urkullu se reunió con las distintas formaciones el pasado jueves. El objetivo es evitar nuevos aplazamientos hasta 2021 por un posible rebrote de la epidemia en otoño.

No obstante, EH Bildu, Podemos y el PP, han criticado la falta de garantías sanitarias para celebrar unas elecciones y la escasa legitimidad de los resultados si una parte de la población, aunque sea pequeña, no puede votar por estar enferma o en cuarentena, además de la posibilidad de que se produzca una abstención récord.

En caso de no llegar a un consenso con los partidos, el propio Urkullu sería quien decidiría la fecha, como ha recordado este lunes Andoni Ortuzar: "La prerrogativa para convocarlas es del lehendakari".